Hay que dejar de poner trabas a las renovables y revisar los tótems sagrados de las empresas eléctricas
19 JUN 2016
En el periodo electoral en que vive España es conveniente resaltar
los aspectos verdaderamente relevantes sobre la energía y evitar que el
debate se centre en otras cuestiones energéticas de menor interés
general. Por ejemplo, existe inquietud sobre los peligros de usar fracking para extraer gas,
pero no es probable que se desarrolle por sus insignificantes reservas.
También hay propuestas ingenuas como renacionalizar Endesa: ¡Qué más
quisiera su dueña Enel —que se autotraspasó los mejores activos de
Endesa— que la indemnizaran por librarse de los peores, aunque les siga
extrayendo jugosos dividendos!
En energía hay cuatro ideas-fuerza, sobre las que necesitamos pronunciamientos electorales:
1. Electrificar el consumo de energía. Hay que eliminar los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) lo antes posible, tanto por razones medioambientales, para frenar el cambio climático, como sanitarias, para reducir sus efectos cardio-respiratorios y carcinógenos.
También hay que eliminarlos por razones económicas, ya que su importación exige un gasto de divisas superior al ingreso por turismo. Además las energías fósiles no se utilizan eficientemente, al perderse tres cuartas partes en los automóviles y dos tercios al producir electricidad. Por todo ello, hay que sustituir los combustibles fósiles por electricidad.
2. Producir la electricidad con energías renovables. Las renovables son las únicas que permiten producir electricidad sin pérdidas de energía fósil, y la reducción de su coste ha permitido a la eólica y solar competir con el carbón y el gas. Mientras tanto España, que es el país europeo con mayor recurso solar, se ha quedado rezagada en la producción eléctrica con energía fotovoltáica, no sólo respecto a Alemania, sino incluso al encapotado Reino Unido que ha instalado en los últimos cinco años el doble de paneles que los que tenemos aquí. Pero además España es el país europeo con mayor insolación directa, que es la que puede concentrarse a alta temperatura y almacenarse en sales fundidas, para seguir produciendo electricidad aunque no haya sol.
Hay pues que dejar de poner palos a las ruedas de las renovables y revisar también algunos de los tótems sagrados de las empresas eléctricas. La gestión de las grandes centrales hidroeléctricas, que tienen un carácter básico de almacenamiento y utilizan un recurso público, debe estar al servicio del interés general. Asimismo debe revisarse la gestión de las nucleares, reduciendo en lo posible su carga nocturna para evitar verter eólica. También hay que detraer de la remuneración a hidroeléctricas y nucleares los beneficios extraordinarios sobrevenidos por el precio marginal de los combustibles fósiles.
3. El fin de los oligopolios energéticos actuales. Parece probable que los recursos fósiles dejen de utilizarse en este siglo y no porque se acaben sus reservas, igual que no se acabó la edad de piedra porque se terminaran éstas, sino por existir sustitutos más eficientes y menos peligrosos. Los productores de petróleo y gas ya no tendrán el poder actual de fijar sus precios en origen (países miembros de la OPEP) ni en destino (compañías petroleras) al irse imponiendo los vehículos eléctricos en la automoción y el trasporte.
Las grandes petroleras europeas (BP, Total, Shell) ya lo intuyeron hace años y empezaron a invertir en renovables. Repsol, la única española que queda, hubiera hecho bien en descubrir en las renovables un talismán más valioso que el de la empresa petrolera del mismo nombre que adquirió cuando el crudo valía 100 dólares por barril.
El entorno también cambiará radicalmente para las cinco grandes eléctricas españolas, al aparecer productores y comercializadores independientes haciéndoles perder su confort regulatorio.
4. En España hace falta política energética y que esté al servicio del interés general. Llevamos muchos, muchos años, en los que en España no hay una auténtica política energética, sino una proliferación de normas-parche cuyas últimas consecuencias sólo entienden las empresas que se benefician de ellas. Recientemente se ha tratado de eliminar el déficit económico eléctrico, achacándoselo a las renovables en lugar de a sus mayores causantes: los productores hidráulicos y nucleares. Como consecuencia de ese diagnóstico erróneo se ha destrozado el sector renovable, el único en que España tiene ventaja comparativa y competitiva, dando lugar a una política energética -por ausencia de ella- desastrosa.
Este disparate lo tiene que rectificar el nuevo gobierno y al hacerlo tiene además que priorizar los intereses de los consumidores, apoyando a los domésticos con pobreza energética y a los industriales que pagan la energía a un precio mayor que los demás países de la UE.
1. Electrificar el consumo de energía. Hay que eliminar los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) lo antes posible, tanto por razones medioambientales, para frenar el cambio climático, como sanitarias, para reducir sus efectos cardio-respiratorios y carcinógenos.
También hay que eliminarlos por razones económicas, ya que su importación exige un gasto de divisas superior al ingreso por turismo. Además las energías fósiles no se utilizan eficientemente, al perderse tres cuartas partes en los automóviles y dos tercios al producir electricidad. Por todo ello, hay que sustituir los combustibles fósiles por electricidad.
2. Producir la electricidad con energías renovables. Las renovables son las únicas que permiten producir electricidad sin pérdidas de energía fósil, y la reducción de su coste ha permitido a la eólica y solar competir con el carbón y el gas. Mientras tanto España, que es el país europeo con mayor recurso solar, se ha quedado rezagada en la producción eléctrica con energía fotovoltáica, no sólo respecto a Alemania, sino incluso al encapotado Reino Unido que ha instalado en los últimos cinco años el doble de paneles que los que tenemos aquí. Pero además España es el país europeo con mayor insolación directa, que es la que puede concentrarse a alta temperatura y almacenarse en sales fundidas, para seguir produciendo electricidad aunque no haya sol.
Hay pues que dejar de poner palos a las ruedas de las renovables y revisar también algunos de los tótems sagrados de las empresas eléctricas. La gestión de las grandes centrales hidroeléctricas, que tienen un carácter básico de almacenamiento y utilizan un recurso público, debe estar al servicio del interés general. Asimismo debe revisarse la gestión de las nucleares, reduciendo en lo posible su carga nocturna para evitar verter eólica. También hay que detraer de la remuneración a hidroeléctricas y nucleares los beneficios extraordinarios sobrevenidos por el precio marginal de los combustibles fósiles.
3. El fin de los oligopolios energéticos actuales. Parece probable que los recursos fósiles dejen de utilizarse en este siglo y no porque se acaben sus reservas, igual que no se acabó la edad de piedra porque se terminaran éstas, sino por existir sustitutos más eficientes y menos peligrosos. Los productores de petróleo y gas ya no tendrán el poder actual de fijar sus precios en origen (países miembros de la OPEP) ni en destino (compañías petroleras) al irse imponiendo los vehículos eléctricos en la automoción y el trasporte.
Las grandes petroleras europeas (BP, Total, Shell) ya lo intuyeron hace años y empezaron a invertir en renovables. Repsol, la única española que queda, hubiera hecho bien en descubrir en las renovables un talismán más valioso que el de la empresa petrolera del mismo nombre que adquirió cuando el crudo valía 100 dólares por barril.
El entorno también cambiará radicalmente para las cinco grandes eléctricas españolas, al aparecer productores y comercializadores independientes haciéndoles perder su confort regulatorio.
4. En España hace falta política energética y que esté al servicio del interés general. Llevamos muchos, muchos años, en los que en España no hay una auténtica política energética, sino una proliferación de normas-parche cuyas últimas consecuencias sólo entienden las empresas que se benefician de ellas. Recientemente se ha tratado de eliminar el déficit económico eléctrico, achacándoselo a las renovables en lugar de a sus mayores causantes: los productores hidráulicos y nucleares. Como consecuencia de ese diagnóstico erróneo se ha destrozado el sector renovable, el único en que España tiene ventaja comparativa y competitiva, dando lugar a una política energética -por ausencia de ella- desastrosa.
Este disparate lo tiene que rectificar el nuevo gobierno y al hacerlo tiene además que priorizar los intereses de los consumidores, apoyando a los domésticos con pobreza energética y a los industriales que pagan la energía a un precio mayor que los demás países de la UE.
Martín Gallego es ingeniero de minas, economista y exsecretario de Estado de Energía.
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