dijous, 29 de desembre de 2016

Finlandia, laboratorio mundial de la renta básica universal

Article publicat a El País

El país nórdico será el primer país del mundo en experimentar en 2017 esta forma de retribución



Helsinki
La automatización de la fuerza laboral crece a toda velocidad en el siglo XXI. Y la primera consecuencia es dramática: pérdida de empleos tradicionales que ahora, por un coste laboral cero, son desempeñados por máquinas, como por ejemplo los lavacoches o los camareros que toman la orden en un restaurante. Finlandia ha decidido empezar a prepararse para el futuro, experimentando con nuevas redes de seguridad. El país nórdico será en 2017 el laboratorio mundial de lo que se ha bautizado como la renta básica universal. Es decir, recibir una cantidad de dinero al mes porque sí. Se tenga empleo o no. En un programa piloto que durará dos años, 2.000 ciudadanos recibirán a partir de enero 560 euros al mes solo por existir.

Expertos en renta básica universal charlan en una mesa redonda en Slush (evento tecnológico en Helsinki) el pasado 1 de diciembre.
“Para revolucionar algo tan grande, tan tradicional y tan fundamental como son las retribuciones hay que experimentar primero”, señala Roope Mokka, cofundador de Demos Helsinki, el primer think tank independiente de los países nórdicos. En un país calvinista en el que la cultura de la responsabilidad se respira en cada esquina, esta remuneración adicional es vista por expertos, políticos y ciudadanos no como un regalo, sino como una oportunidad para engrasar la economía y animar a la población a iniciar negocios, explica este joven finlandés durante una mesa redonda en Slush, un evento que congrega cada año a centenares de sturt-ups, compañías e inversores mundiales y que se ha convertido en un acontecimiento clave para la economía finlandesa que hoy por hoy continúa luchando por salir de una profunda recesión.

Pero aún con un horizonte difícil —la Comisión Europea le augura un crecimiento del 0,9% del PIB para el año que viene—, el Gobierno conservador finlandés es pionero mundial en implantar la renta básica. Una selección de 2.000 ciudadanos recibirán a partir del próximo enero, y durante dos años, 560 euros al mes. “Los análisis más fiables tardarán en llegar al menos seis años más”, predice el experto. En Oakland (EE UU) serán mil familias las que recibirán 500 euros mensuales y Utretch, en Países Bajos, experimentará también ésta fórmula en 2017. Eso sí, Finlandia es de los pocos países en la Unión Europea (UE) que no goza de un salario mínimo interprofesional, al igual que los países escandinavos. Su PIB per cápita, en cambio, es de los más altos de la Unión incluso en tiempos convulsos: 38.200 euros en 2015 (año en el que el déficit alcanzó el 2,8% del PIB) frente a los 23.200 de España, según la página web datosmacro.

Empleos más caros

Para que la idea de renta básica que a muchos les puede parecer utópica se convierta en realidad lo que se necesita es financiación. El experto sostiene que lo primero que las empresas y los Gobiernos deberían hacer es asegurar que “los trabajos se paguen caro”, además de llevar a cabo una reforma en el sistema impositivo que grave aún más a las rentas altas. “La propiedad inutilizada, bienes, deficiencia energética, edificios... hay muchas cosas a las que se le pueden aplicar más impuestos”, enumera Mokka de forma improvisada aunque con un gran conocimiento de lo que habla.
 
De lo contrario, y como ocurre por ejemplo en España —donde el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) acaba de subir el salario mínimo a 707,6 euros, la mitad que en Francia, según Eurostat—, seguir trabajando y recibir este complemento salarial “no compensaría” y fomentaría la desocupación, un argumento que a Mokka no le convence. Sí cree, sin embargo, que ahí se sitúa una de las claves para el buen funcionamiento de la renta básica universal: “Hay que empezar a asumir que no todo el mundo puede tener un trabajo porque estamos compitiendo contra las máquinas, y ellas siempre ganarán”. El director de Tekes, la agencia pública que invierte en innovación en este país de poco más de cinco millones de personas, Jukka Häyrynen, sostiene que la seguridad en el trabajo es algo que se está perdiendo a nivel global, lo que él ve con cierto positivismo: "Esto es un ingrediente para emprender", señala.

Un estudio que la Universidad de Oxford elaboró en enero de 2016, el 57% de la fuerza de trabajo humana en los países de la OCDE está en riesgo de desaparecer por la automatización y los avances tecnológicos. “Tenemos la necesidad de integrar a toda la gente desocupada en nuestra sociedad y en lugar de subsidios por desempleo, la renta básica suena como una buena idea”, defiende Juhana Aunesluoma, director de investigación de estudios europeos en la Universidad de Helsinki desde una sala en el Ministerio de Exteriores. Algo que no le pareció a Suiza el pasado junio cuando rechazó mediante referéndum esta iniciativa.

Pero los Gobiernos —especialmente los del sur de Europa— están hasta cierto punto “obsesionados”, dice Mokka, con llegar al pleno empleo en detrimento de la búsqueda de alternativas para que el dinero entre en los hogares (y en el sistema) y para que los desempleados por la automatización del trabajo se mantengan ocupados y reinviertan su tiempo.

dimecres, 28 de desembre de 2016

MONEDA SOCIAL EN BARCELONA

Article  publicat a Revista de Economía Crítica (1)
Autor Lluís Torrens (2)
EL NUEVO AUGE DE LAS MONEDAS COMPLEMENTARIAS

En octubre de 2016, el Ayuntamiento de Barcelona, liderando un consorcio con 6 partners más, públicos y privados, fue galardonado con una de las dieciocho primeras Urban Innovative Actions (UIA) europeas (3) .El proyecto de Barcelona, a desarrollar en tres años bajo el nombre de B-Mincome, creará diversas pruebas experimentales para conceder distintos tipos de renta de garantía de ingresos a individuos y familias con ingresos por debajo del nivel de pobreza y que viven en algunos de los barrios de la ciudad de menor nivel de renta. Los objetivos son evaluar los resultados de diferentes combinaciones de rentas y políticas en términos de reducción de la pobreza, inclusión social y laboral y bienestar subjetivo, entre otros. Dentro del proyecto, se pondrá a prueba el impacto de que parte de los beneficiarios cobren parte de su renta en una moneda social propia de la ciudad así como retribuir algunas acciones de voluntariado comunitario en esta moneda. Actualmente Barcelona no dispone de una moneda social, aunque está anunciado que la vecina ciudad de Santa Coloma de Gramenet va a lanzar de forma inmediata su propia moneda, la Grama, también en el marco de un proyecto europeo, Digipay4growth. Y Viladecans, ciudad del área metropolitana barcelonesa, también en un proyecto premiado con una UIA prevé la creación de una moneda propia, la Vilawatt para recompensar los ahorros energéticos de sus ciudadanos. Y estas ciudades son solo la punta de un amplio movimiento de monedas sociales que se está desarrollando en España. Inicialmente nacieron impulsadas por comunidades alternativas como sistemas avanzados de trueque multilateral para no depender del sistema monetario oficial. Y últimamente, con la crisis, ha habido un incremento del apoyo social y político, ya sea de ciudadanos, comerciantes o de los ayuntamientos. 

La turuta de Vilanova i la Geltrú, los ecosoles catalanes, el puma de Sevilla, el boniato de Madrid, la moneda ossetana de San Juan de Alnazfarache, el eusko del País Vasco francés o las más de 100 monedas bajo el sistema CES en España son ejemplos de estas monedas, pero con un uso aún muy limitado, a unos miles de personas en conjunto.

Así, la nueva moneda de Barcelona, que iniciará su andadura durante 2017, y se espera se implante progresivamente en la ciudad a partir del 2019, se inscribe en el amplio movimiento de monedas locales que se están desarrollando en las últimas dos décadas en Europa y Latinoamérica,(4)  aprovechando los nuevos desarrollos tecnológicos y cuyo primer impulso fueron las crisis financieras de Argentina y Brasil de principios de este siglo que redujeron el acceso de familias y empresas al dinero de curso legal (como ocurrió durante el corralito argentino). Recordemos que según datos del Banco de España en octubre de 2016 los créditos no hipotecarios a familias e instituciones sin ánimo de lucro en nuestro país están a niveles de 2005, un 28 % por debajo de los valores del pico de 2008.

La existencia contemporánea de monedas propias, coexistiendo o complementado otras de nivel estatal, ya tuvo un primer momento álgido durante la gran depresión de los años 30 en EEUU y Europa. Irving Fisher, economista fundador de la teoría económica cuantitativa monetaria escribió textos sobre cómo las monedas locales podrían ayudar a economías locales deprimidas a reactivarse, ante la escasez de dinero de curso legal. Fisher documentó extensamente el impacto de una moneda local en el pueblo de Wörgl en Austria en esa época. La moneda de esa ciudad funcionaba mediante un cartón calendarizado que debía rellenarse con cupones (stamp script) y un sistema de oxidación o demurrage (pérdida continua de su valor de cambio) que incentivaba a sus poseedores a gastar el dinero rápidamente. De esa época también surge el sistema más importante existente en la actualidad, el sistema de la banca cooperativa suiza WIR. Un estudio ha mostrado que el uso actual del WIR sigue siendo contracíclico: se usa más cuando el crédito en francos suizos se restringe por la propia coyuntura económica, y por lo tanto cuando menos riesgos de inflación hay en la economía.(5)

Tras la segunda guerra mundial y ya en nuestra época se han desarrollado miles de monedas sociales en todo el mundo, algunas como extensiones de sistemas de trueque multilateral (que permiten intercambiar bienes o servicios entre múltiples individuos o empresas sin necesitar de intercambios bilaterales), bancos del tiempo (como el que explica el economista Paul Krugman sobre las horas de canguro de niños en la cooperativa Capitol Hill en Washington DC) y otras ligadas a comunidades territoriales (como el sistema cerrado de crédito Sardex en la isla de Cerdeña) o incluso bajo el impulso de las autoridades regionales o locales.

Las monedas sociales de uso local han tenido un crecimiento importante entre ciudades medianas y grandes en Europa, siendo las ciudades inglesas (Bristol o el barrio londinense de Brixton) y francesas las más conocidas (como Toulouse o Nantes). Francia ha desarrollado una legislación específica, y las monedas sociales han despertado el interés de las autoridades monetarias como el Banco de Inglaterra o el Banco Central Europeo. En España la mayoría de sus monedas locales se basan en sistemas de intercambio mutuo LETS (nos referiremos más adelante). 

Las monedas sociales no tienen nada que ver con las criptomonedas o monedas virtuales (como el Bitcoin), que se basan en criterios especulativos en donde quien emite la moneda se embolsa en moneda legal lo que el mercado (los usuarios de la moneda) están dispuestos a pagar por ello, lo cual depende básicamente de su capacidad para permitir transacciones con muy bajos costes y elevada opacidad (se realizan fuera del mercado financiero tradicional, como los bancos, y escapan a cualquier control fiscal) o para especular con ella (como cualquier otro activo financiero, pero con una volatilidad muy alta: el Bitcoin  empezó a cotizar en 2009 a unos céntimos de $ por Bitcoin, alcanzó casi los 1000 $ hace tres años, cayó hasta 231 $ el 2015 y ahora está por encima de los 770 $). No obstante, la tecnología que usan (conocida como cadena de bloques o blockchain) despierta un creciente interés entre las entidades financieras por su capacidad de permitir transacciones seguras a bajo coste y también existen algunos proyectos para incorporar esta tecnología a sistemas de monedas sociales no especulativos.(6) 

LOS MODELOS DE MONEDA

Existen muchos modelos de moneda social, pero las actuales y que tienen mayor potencial de crecimiento las podemos clasificar en dos grandes grupos: las monedas basadas en circuitos cerrados de crédito mutuo, y las monedas basadas en un soporte en la moneda de curso legal. Además, como resultado de la evolución histórica y tecnológica, debemos distinguir entre las monedas con soporte en papel (billetes, monedas o cupones) y las monedas más recientes con soporte electrónico o también llamadas monedas digitales, aunque también ya existen sistemas mixtos.

Sistemas de crédito mutuo

Las monedas basadas en circuitos cerrados de crédito mutuo tienen a su vez dos grupos de usos: los circuitos empresariales de intercambio de bienes y servicios basados inicialmente en los sistemas de trueque multilateral o barter mencionados anteriormente y los sistemas de intercambio local o Local Exchange Trade System – LETS- por los que los usuarios de una comunidad más o menos extensa se generan un crédito a su favor frente al sistema de intercambio cuando venden bienes o servicios a otros miembros y reducen ese crédito o incluso se generan un saldo negativo cuando compran bienes o servicios. El saldo negativo está topado (nadie se puede endeudar en exceso contra el sistema, en función de su solvencia o histórico de transacciones) y cuando se entra en el sistema se puede obtener una capacidad inicial de endeudamiento (hasta el límite mencionado) para poder empezar a comprar antes de vender. 

Tanto en los sistemas empresariales como en los sistemas más orientados a individuos, como en los sistemas mixtos (como el sistema RES de Bélgica y de Girona que permiten a consumidores finales y a empresas comerciar simultáneamente y permite pagar de manera combinada las transacciones en euros y moneda local) la suma de los saldos positivos y negativos se compensa (una compraventa genera un saldo positivo y uno negativo) bien completamente entre las empresas e individuos, bien añadiendo el crédito abierto neto (cuando la suma de los saldos negativos supera a los positivos) por la entidad gestora a los participantes. 

En este caso la entidad gestora puede pedir garantías adicionales (como hace el sistema WIR). La International Reciprocal Trade Association (IRTA) dispone de manuales de buenas prácticas para sus asociados para minimizar el riesgo de caída de un sistema (recomiendan en base a su experiencia que el saldo negativo de cada miembro no supere 2,5 a 3 veces el promedio de transacciones mensuales). En cualquier caso hay una capacidad de endeudamiento (suma de todos los posibles saldos negativos) implícita, que sería el equivalente a una creación monetaria similar a la que genera a gran escala el sistema monetario actual cuando, como ha reconocido el Banco de Inglaterra, los bancos crean dinero de la nada: concediendo un crédito a un cliente y depositándole el valor del crédito en su cuenta bancaria, de manera que el saldo del banco sigue equilibrado). La única limitación que tiene el sistema bancario actual son las reservas de capitalización, un porcentaje del total de activos debe ser capital (lo cual no quita que este capital se pueda incrementar indefinidamente mediante, en el fondo, dinero también creado de la nada en otras partes del sistema) (7) .

El sistema Sardex italiano, Trocobuy en España y algunas experiencias incipientes de la red de economía solidaria catalana XES (todas ellas para dar cobertura a intercambios empresariales) y los diversos sistemas CES funcionan con crédito mutuo. A nivel internacional, la asociación IRTA agrupa un centenar de sistemas de trueque bilateral y otros sistemas de pago complementarios (la mayoría son norteamericanos y no cuenta actualmente con ningún socio en España). Para facilitar la transparencia en los intercambios, la moneda social o el crédito generado en el sistema se denomina en una divisa con equivalencia 1 a 1 al euro o la moneda de curso legal del país de referencia, aunque normalmente no exista un sistema para intercambiar saldos positivos de la moneda local en euros: es un sistema cerrado. Por lo tanto el elemento básico para que funcione un sistema cerrado es que existan individuos o empresas dispuestos a aceptar que otros miembros les paguen en moneda local los bienes o servicios que les entregan, con la confianza de que ellos, a su vez, podrán gastarse su saldo comprando a otros miembros, y así sucesivamente. En tanto estos sistemas sean cerrados, sin intercambios regulados con la moneda legal, están fuera del alcance de la supervisión de las autoridades monetarias, ya que se trata de meros intercambios de crédito comercial, como ocurre corrientemente con las transacciones mercantiles de bienes y servicios entre empresas. Y obviamente todas las transacciones están sometidas a los impuestos correspondientes (IVA, etc..) que sí deben pagarse en la moneda de curso legal. 

Para incentivar la actividad de estos circuitos hay dos instrumentos principales. En primer lugar, la ampliación de las capacidades de crédito (saldo negativo máximo que se puede tener contra el sistema) de los miembros, con la confianza de que serán capaces de retornarlo por la vía del suministro de bienes y servicios a otros miembros, o mediante pago en euros procedentes del circuito de tesorería convencional. Y, en segundo lugar, la implementación de una tasa de oxidación (tasa de interés negativo sobre los saldos positivos que se mantienen en el sistema) que incentiva a gastarse el saldo positivo para no perderlo progresivamente. Obviamente la tasa de oxidación debe ser estimada de manera que no “asuste” a los potenciales usuarios del sistema. Una tercera opción para darle más confianza a esta moneda sería que la administración la aceptara como pago de impuestos o precios públicos, pero esto puede chocar con el principio de precaución (posible desconfianza en el sistema) y sobretodo puede plantear problemas legales (los impuestos se cobran en moneda legal, excepto en nuestro país en algunos casos excepcionales como el impuesto de sucesiones que se puede llegar a liquidar con bienes en especie como obras de arte). 

Otro elemento importante para que estos sistemas crezcan en volumen es la profesionalización de la gestión, mediante sistemas informáticos adecuados (los más conocidos son los basados en el sistema Cyclos de la fundación holandesa Social Trade Organisation -STRO-) y personal formado que capte usuarios y procure que los poseedores de saldos positivos dispongan de proveedores donde gastárselos cubriendo sus necesidades (brokers). Estas acciones se acompañan de marketplaces digitales donde se informa de los proveedores asociados al sistema y de su oferta de bienes y servicios. También los sistemas deben procurar que los precios de las transacciones no tengan una prima de riesgo (o al menos no sea elevada) respecto a transaccionar en moneda de curso legal, más allá de las comisiones o costes acordados. Muchas iniciativas de monedas complementarias no acaban desarrollando todo su potencial porque se basan en estructuras de personal voluntario y medios precarios, lo que les genera restricciones de crecimiento o incapacidad de gestionar los riesgos de manera adecuada.

Sistemas con respaldo en moneda de curso legal 

El segundo grupo, las monedas sociales basadas en soporte en el euro u otra moneda de curso legal (como la libra esterlina británica) son inicialmente las más adecuadas para monedas impulsadas directamente desde los ayuntamientos, por las limitaciones legales a crear endeudamiento y por el ya citado principio de precaución al que deben someterse las administraciones locales o regionales. Es el caso de la moneda de Santa Coloma: el ayuntamiento ha decidido iniciar sus operaciones canalizando parte de sus gastos (salarios, compras a proveedores, subvenciones) en moneda local. Para ello se ha de depositar una cantidad de euros en una cuenta restringida que sea equivalente a la moneda local que emite y que transfiere a los perceptores de sus fondos (trabajadores municipales, proveedores o entidades subvencionadas) que han aceptado voluntariamente (salarios y pagos a proveedores) u obligadamente (subvenciones) cobrar en moneda social. A su vez el ayuntamiento puede cobrar voluntariamente precios y tasas públicas en moneda social (que convierte inmediatamente en euros, tal como realiza Bristol con algunos impuestos a los comerciantes locales), y los ciudadanos pueden adquirir moneda social previo pago en euros. Ya hemos dicho que poder pagar impuestos o precios públicos incrementa la confianza en el sistema: como decía Benjamin Franklin, en este mundo sólo hay dos cosas seguras: la muerte y pagar impuestos. 

Con la moneda social en sus manos (o mejor dicho en sus smartphones porque es una moneda digital cuyo saldo se encuentra guardado en el software de los servidores del sistema) los tenedores de saldos positivos (en este sistema nadie tiene saldos negativos) pueden comprar bienes a los comercios adheridos al sistema. En el caso de Santa Coloma (el más avanzado tecnológicamente hasta el día de hoy), para favorecer la circulación de la moneda en la ciudad se ha fijado un periodo de maduración que fija un número de días mínimos antes de los cuales el cambio del saldo de moneda social por euros tiene una penalización (esto no ocurre en Bristol, donde el canje de Bristol Pounds por libras esterlinas se puede hacer inmediatamente sin ninguna pérdida). Y, como ya hemos mencionado, el intercambio de euros siempre está garantizado y no existe creación monetaria. 

De esta manera el principal objetivo es que la moneda social circule en la ciudad y que los comercios practiquen el comercio entre ellos. El objetivo derivado es que cada euro de gasto público o de los ciudadanos de Santa Coloma multiplique su impacto sobre la economía local, en especial sobre el tejido comercial de proximidad, generando más puestos de trabajo, en una ciudad muy acostumbrada a gastar sus euros en los centros comerciales próximos pero ubicados fuera del municipio. Técnicamente el objetivo es doble: por un lado incrementar la velocidad de circulación de la moneda, las veces que se usa en transacciones (de un valor de unas 2 veces al año para un euro en promedio, hasta valores superiores a 10 veces en monedas sociales con oxidación, como mostró el cálculo realizado para la moneda de la población alemana de Chiemgauer) (8)  y aumentar el impacto en la economía local. El impacto se puede medir por ejemplo con el multiplicador local de tres vueltas LM3, que suma el gasto realizado con la moneda local en la cadena de tres compradores-gastadores consecutivos y analiza cuánto se retiene en la localidad o territorio de referencia.

Existen además modelos mixtos en donde se canjean euros a cambio de moneda local (ya sea en papel como en Bristol o en saldo electrónico como en Santa Coloma) y a la vez se dispone de un sistema de crédito para facilitar acceso al crédito de pymes y autónomos, con el objetivo que estos créditos o microcréditos concedidos por la banca pública o el propio sistema se inviertan en el territorio. Los sistemas en papel son más atractivos en imagen (por ejemplo Bristol emite billetes con diseños de artistas locales) pero los sistemas digitales permiten implementar fácilmente políticas de marketing o de gestión imposibles de hacer en papel. Por ejemplo, permiten penalizar con tasas de oxidación la no circulación, o penalizar los canjes por euros, o , a la inversa, bonificar compras en comercios de determinadas zonas, tipos de comercio o momentos del tiempo, a elección de la entidad que gestione la moneda. La entidad gestora del sistema puede ser una entidad creada ad-hoc o se puede delegar en una entidad financiera, habitualmente de la banca cooperativa o pública. También puede haber sistemas mixtos 100 % electrónicos combinados con tarjetas de prepago (como las tarjetas telefónicas o de regalo, que también permiten darle diseño e imagen ligada al territorio). A nivel legal, si se producen canjes de euros por moneda social y viceversa sin obligaciones de periodos de maduración y las redes de comercios adheridos están abiertas a cualquiera, la legislación los considera dinero electrónico (como pueden ser las tarjetas regalos precargadas o los cheques restaurantes) y sometidos a la legislación de las autoridades monetarias. 

Una variante de estos modelos, enlazada con los modelos empresariales de crédito mutuo, son los que también usan como garantía colateral activos distintos de los fondos líquidos en moneda de curso legal depositados en una entidad financiera, como compromisos de pago (pagarés, certificaciones o reconocimientos de deuda irrevocables, etc..) de una administración (bloqueados en el presupuesto) o de una entidad solvente. Estos compromisos (I owe you-IOU- en inglés) pueden ser utilizados para avanzar pagos por parte de las administraciones (como hizo el estado de California en 2009 cuando se declaró en bancarrota) a sus acreedores y, a su vez y mientras no vencen sus plazos de cobro, ser utilizados como forma de pago entre empresas. En su formato digital sería una forma moderna de endosar efectos bancarios (con la facilidad añadida de poder ser fraccionados a voluntad) o de factoring también con el objetivo de facilitar liquidez (sobre todo cuando el pagador originario tiene periodos de pago dilatados) y a la vez que el gasto se concentre en el territorio.(9)

EL MODELO BARCELONA ESTÁ POR DEFINIR 

¿Cuáles son los objetivos de Barcelona y qué tipo de moneda debería escoger? En el momento de escribir estas líneas, aún se dispone de medio año para decidir el tipo de moneda que se va a implementar en el citado proyecto piloto europeo. Las posibilidades son múltiples, pero parece claro que uno de los objetivos es favorecer al comercio y actividad locales, en especial todo lo que impulse al pequeño comercio de proximidad, la economía cooperativa, social y solidaria, el comercio justo, la economía circular y la conocida como kilómetro 0, con un peso incrementado de los propios ciudadanos-consumidores. Por ejemplo, existen numerosos estudios que han analizado en otros entornos el impacto de la instalación de nuevas grandes superficies sobre el tejido económico local. 

Las ganancias en precios más bajos para los consumidores pueden quedar superadas por los impactos negativos en forma de destrucción neta de puestos de trabajo (10) o desertización comercial. Estos procesos son algo que sufren los barrios periféricos de Barcelona. Actualmente, por ejemplo, hay unos 15.000 locales comerciales vacíos en el municipio, con una mayor incidencia en los barrios que no tienen ejes comerciales potentes o no están en las zonas de influencia turística. Otros estudios, realizados por la New Economics Foundation británica sobre cómo impulsar políticas de desarrollo local, sugieren la implementación de una moneda local como un instrumento más para maximizar el impacto de las políticas públicas de apoyo a los agentes económicos locales.(11)

Además, el pago de las ayudas monetarias que contempla el proyecto B-Mincome en moneda social permitirá hacer un experimento muy innovador de canalización de gasto público social (12) y analizar su impacto en el bienestar de sus perceptores y sus comerciantes próximos. La moneda social de Barcelona puede tener múltiples aplicaciones en el fomento del cambio de modelo productivo de la ciudad, hacia un sistema socialmente inclusivo y ambientalmente sostenible, mediante aplicaciones sectoriales a cuestiones energéticas, de gestión de residuos, del uso de capacidades ociosas, de fomento de la cultura y del voluntariado comunitario entre otras, alineando a todos los actores del ecosistema urbano. Un sistema digital monetario local, además, permite realizar acciones que son imposibles de realizar con moneda en papel (como modular la tasa de oxidación, o focalizar bonificaciones a la compra en determinadas zonas, tipos de comercio u horarios, por ejemplo). Finalmente, un sistema de moneda local se debería alinear con otros objetivos más generales para incrementar la resiliencia de las ciudades frente a procesos incontrolables por los ciudadanos y por sus representantes públicos e incrementar su soberanía en la toma de decisiones. Una moneda local es un bien común que puede ser gestionado de manera co-responsable entre los ciudadanos, los agentes económicos y la administración. Elinor Ostrom hace un cuarto de siglo ya demostró que la tragedia de los comunes no era ineluctable. Al contrario, una moneda social y procomún tiene toda su legitimidad ante el actual sistema monetario descontrolado y en manos del oligopolio bancario.(13)

Para ello se contará con el conocimiento experto de los diversos think tanks del proyecto, de la comunidad de expertos del Instituto de la Moneda Social, de la propia ciudadanía y del tejido comercial y productivo local, con el objetivo de modular su introducción y gestión futura (introduciendo formas de co-gestión que delimiten el alcance, los parámetros del modelo y las formas de financiación para hacerlo sostenible) con el objetivo de que sea una herramienta útil para incrementar el bienestar colectivo bajo los principios del bien común, que es lo que ha de ser , al fin y al cabo, una moneda social. diciembre de 2016

1 Una versión anterior, más reducida, de este artículo, apareció en la revista electrónica CTXT, n. 91, 16/11/2016.
2 Director de Planificación e Innovación. Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona. 3 http://www.uia-initiative.eu/sites/default/files/2016-10/Call%201%20selected%20cities%20taking%20off%20-%2018%20UIA%20projects.pdf
4 En otras zonas como Norteamérica o Japón también existen diversas experiencias con amplio recorrido.
5 www.ewp.rpi.edu/hartford/~stoddj/BE/WIR_Update.pdf
6 La web https://coinmarketcap.com/all/views/all/ muestra todas las criptomonedas existentes detectadas en el mundo (unas 700) y una estimación de su valor de mercado. A 9 de diciembre de 2016 se les calculaba un valor agregado de 14.300 millones de $, siendo el 86 % acaparado por Bitcoin.
7 Un caso bien conocido es la actual política monetaria de expansión cuantitativa del Banco Central Europeo. En diciembre de 2016 la previsión es que de marzo 2015 a diciembre 2017 se emitan 2,3 billones de euros (equivalentes al 22% del PIB de la zona euro) para comprar deuda pública y privada. Para una ciudad como Barcelona (65.000 millones de euros de PIB, el 0,62 % del PIB de la zona euro) equivaldría a 14.200 millones de euros, más de 200.000 euros para cada comercio abierto en la ciudad).
8 Aquí se analizan algunas de las monedas sociales más conocidas http://www.iss.nl/fileadmin/ASSETS/iss/Research_and_ projects/Conferences/CCS_June_2013/Papers/Josep_Lluis_de_la_Rosa.pdf
9 Este sistema fue explorado como solución alternativa a la salida del euro en la crisis griega del año 2015 http://www.sinpermiso. info/textos/la-tercera-va-para-grecia-del-grexit-al-greuro http://www.sinpermiso.info/sites/default/files/textos//11greuro.pdf 
10 Diversos estudios sobre el impacto de la instalación de grandes almacenes como WalMart en Estados Unidos pueden encontrarse en https://ilsr.org/key-studies-why-local-matters/
11 www.pluggingtheleaks.org/downloads/spanish/ptl_handbook_spanish.pdf
12 Sobre el potencial de pagar en moneda social parte de una renta básica universal, ver https://www.cairn.info/resume.php?ID_ ARTICLE=MOUV_073_0054
13 Para una explicación de cómo se puede gestionar un sistema de crédito mutuo bajo los principios del bien común de Ostrom, ver el artículo https://ijccr.files.wordpress.com/2012/05/ijccr-vol-5-2001-4-schraven.pdf

diumenge, 18 de desembre de 2016

La garantía del tiempo libre: desempleo, robotización y reducción de la jornada laboral (Parte 2)

1 de mayo de 1886. Protestas obreras en Chicago, que derivaron en la jornada de ocho horas. Grabado publicado en ‘Harper’s Weekly’



Article publicat a  Sin Permiso

12/12/2016


Hace unas semanas, en la primera parte de este artículo, escribíamos que nos enfrentamos a un problema estructural y a una amenaza futura en el Reino de España: el desempleo crónico y la destrucción de empleo a causa de la robotización. El desempleo estructural y crónico en nuestro mercado laboral es totalmente indiscutible: la tasa de paro oficial de los últimos 38 años se situó en un promedio del 15,17% de la población activa, al tiempo que las cotas de infrautilización del trabajo remunerado —siguiendo la metodología del Bureau of Labor Statistics de EEUU— se sitúan actualmente en un 29% de paro total. Tenemos también una amenaza futura —¡aunque no lejana!— de que se automatice una parte importante de los empleos de la sociedad española. Los análisis prospectivos más prudentes auguran una desaparición de hasta el 12% de las ocupaciones debida a la automatización, que repercutirá con mayor intensidad en los trabajos que requieren menor cualificación. Este fenómeno agravaría la dualidad, la polarización, la sobrecualificación y los altos niveles de desempleo que caracterizan nuestro mercado laboral.
Visto el cuadro general, ¿cuánto crecimiento económico sería necesario para satisfacer el 29% de demanda real de trabajo remunerado? Según el consenso económico establecido por la Ley de Okun, se necesitan tasas cercanas al 2% de crecimiento  económico para empezar a crear empleo neto de manera significativa. Pero, ¿cuántos años consecutivos de crecimiento necesitamos para llegar al pleno empleo? Dada nuestra experiencia histórica, ni siquiera durante el mayor periodo de prosperidad económica en el que tuvimos 13 años consecutivos de crecimiento (1994-2007), con el PIB  creciendo a un promedio anual de 4,1%, se consiguió bajar la tasa de paro oficial por debajo del 8% —¡que sería un 14% si tenemos en cuenta la infrautilización del empleo!—. Y todo esto sin olvidar que este crecimiento fundamentalmente se sostuvo en dos factores a día de hoy irrepetibles: la burbuja inmobiliaria que nos endeudó en 750.000 millones de euros con el exterior y con la necesaria entrada de 5 millones de inmigrantes para cubrir las vacantes laborales en construcción y turismo.. y retroalimentar la burbuja.
Es aquí entonces donde entra la propuesta de: «trabajar menos para trabajar todos». Es decir, la necesidad de promover una política pública orientada a la Reducción de Jornada Laboral (RJL a partir de ahora) como estrategia para aumentar los niveles de empleo. En otras palabras, si en el Reino de España trabajamos de promedio 19,96 horas semanales pero éstas se hallan repartidas de manera totalmente dispar, parece más que razonable proponer una gran redistribución del tiempo de trabajo para reducir la desigual distribución actual y aumentar los niveles de empleo.
Nos adentramos pues en el terreno de la propuesta de la RJL como política pública clave. Para ser evaluada, como toda intervención pública transformadora, se utilizan tres criterios fundamentales: deseabilidad, viabilidad y factibilidad (Wright, 2006). Es decir, ¿es la RJL una política pública deseable normativamente y nos permite avanzar hacia un mejor modelo de sociedad acorde a nuestro conjunto de valores? Si es así, ¿es una alternativa viable desde el punto de vista económico, técnico, legal en el contexto actual? ¿Disponemos de evidencias de cómo se ha llevado a cabo esta propuesta en otros lugares y qué resultados ha generado? En caso afirmativo ¿qué agente social y/o político lo hará factible? ¿Es una medida que tiene la potencialidad de ser hegemónica, de instaurarse en sentido común, de ser apoyada por una mayoría social para que no sea sólo una mera «idea sin fuerza»? Estas preguntas las iremos abordando a lo largo del artículo.
Un problema previo a abordar: la situación actual de la (doble) jornada de trabajo en el Reino de España
Una de las razones de más peso para justificar la necesidad de la RJL es la desigualdad de género. Cuando hablamos de la RJL debemos saber que es una medida que se sitúa siempre debajo del paraguas del «reparto del trabajo» y que nunca hay que olvidar que el empleo y el trabajo no son lo mismo. El trabajo es definido como el «conjunto de actividades, remuneradas o no, cuyos resultados proporcionan bienes y servicios a los miembros de nuestra especie y sirven para su reproducción» como sostienen Raventós y Wark (2016), mientras que el empleo se reduce a las actividades que reciben contraprestación económica.
Por tanto, la diferencia fundamental entre el trabajo y empleo se larva históricamente en la gran separación entre la esfera pública-formal, donde se sitúa el trabajo productivo, y la esfera privada-informal, donde se sitúa el trabajo reproductivo. Esta separación no ha sido neutral desde un punto de vista de género: el sexo masculino ha participado y dominado ampliamente la primera esfera y el sexo femenino la segunda. La incorporación de la mujer al mundo laboral supuso toda una revolución social en el proceso de emancipación femenino. Sin embargo, además de que esa emancipación está todavía lejos de ser completa, se ha caído en una nueva trampa: «la doble presencia» o la doble jornada de trabajo que realizan las mujeres trabajadoras en la empresa y en el hogar. La última Encuesta de Empleo del Tiempo (2009-2010) del INE disponible, nos permite caracterizar esta dimensión:
Primero, las mujeres dedican al trabajo remunerado 15,1 horas semanales y los hombres 23,1, mientras que en el trabajo no remunerado las mujeres trabajan 34,6 horas semanales y los hombres 12,5. En total, si sumamos el trabajo productivo y el reproductivo, ¡las mujeres trabajan 2 horas más al día que los hombres! Esta desigual distribución del tiempo de trabajo lógicamente también tiene repercusiones en el tiempo libre; a los hombres les queda un total de 38,9% del tiempo de ocio frente a un 32,8% de las mujeres (Prieto et al., 2015). Segundo, la inserción de la mujer al mundo laboral sigue mostrando fuertes patrones de desigualdad. Sobre el total de ocupados, en el tercer trimestre de 2016 sólo un 7,4% de hombres tenían un contrato a tiempo parcial frente al triple, un 23,1%, de mujeres. Por último, desde el punto de vista de los ingresos, según el INE, el salario hora medio femenino el 2014 era un 13 % inferior al masculino, lo que unido a la mayor parcialidad hace que los ingresos femeninos acaben siendo un 76,7 % de los masculinos, 6.000 euros menos anuales. Este fenómeno, unido a una menor duración de la actividad laboral femenina, genera a su vez un impacto en el salario diferido de las mujeres jubiladas, siendo la brecha de género en las pensiones un 34%. Una cascada de desigualdades monetarias cuyo origen es cultural: la mayor propensión de las mujeres (que, por cierto,  tienen un significativo  mayor nivel educativo que los hombres) a aceptar trabajar a tiempo parcial por razones de cuidado de niños, mayores u otras razones familiares (18,6 % frente al 1,8 % de los hombres).
Si con la Encuesta de Empleo del Tiempo extrapolamos la diferencia media de horas trabajadas —reproductivas y productivas— entre hombres y mujeres a lo largo de su vida, nos encontramos que los hombres trabajan un total de 136.156 horas —80.458h remuneradas + 55.698h reproductivas— frente a las mujeres con 189.076 horas trabajadas —43.897h remuneradas + 145.179h reproductivas— ¿Qué diferencia es está a lo largo de la vida? Pues esa diferencia (52.920h) es el equivalente a ¡casi 30 años de trabajo a tiempo completo —a 1.800h anuales— en favor de las mujeres!. Por el contrario, los valores se invierten en cuanto a retribución, los hombres ganan a lo largo de su vida en promedio casi el doble de euros —y en consecuencia de poder económico— que las mujeres:


Fuente: Elaboración propia a partir de INE


En definitiva, si bien la propuesta de una RJL es una estrategia que fomenta el reparto del trabajo productivo y reproductivo, esta solo es una condición necesaria pero no suficiente para reducir la desigualdad de género, dado que las políticas públicas de cambio material —como la RJL— por sí solas no cambian los hábitos y los patrones conductuales, será necesario complementarlas con políticas de cambio cultural —la conquista de la corresponsabilidad—.
La reducción de la jornada laboral en perspectiva histórica: un objetivo central del movimiento obrero
La lucha por una jornada laboral que permitiese «trabajar para vivir y no vivir para trabajar» formó parte del ADN del movimiento obrero: buena muestra de ello es que anualmente celebramos el 1º de Mayo como el día internacional de las y los trabajadores a causa de la Matanza de Chicago de 1886, cuando obreros anarquistas reivindicaron la jornada laboral de 8 horas —«ocho horas para el trabajo, ocho para para el reposo y ocho para la educación»— y fueron asesinados a manos de la policía por manifestarse.
El historiador británico E. P. Thompson (1967) en su artículo Time, Work-Discipline and Industrial Capitalism, se preguntó, tras la invención del reloj y su introducción masiva (mediados del S.XVIII) en el gobierno de la empresa
¿hasta qué punto, y en qué formas, afectó este cambio en el sentido del tiempo a la disciplina de trabajo, y hasta qué punto influyó en la percepción interior del tiempo de la gente trabajadora? Si la transición a la sociedad industrial madura supuso una severa reestructuración de los hábitos de trabajo —nuevas disciplinas, nuevos incentivos y una nueva naturaleza humana sobre la que pudieran actuar estos incentivos de manera efectiva—, ¿hasta qué punto está todo esto en relación con los cambios en la representación interna del tiempo?
Y demostró cómo, en efecto, la contabilización temporal del trabajo permitió toda una revolución en la organización científica de la unidad productiva, en la medición de la productividad, la incorporación de técnicas disciplinarias del trabajo, el control de la producción, etc. Pero a la vez, promovió un aumento de las luchas entre capital/trabajo que determinó gran parte de las reivindicaciones del incipiente movimiento obrero decimonónico: en 1802 se consiguió la limitación  de 12 horas diarias para el trabajo infantil, en 1830, una huelga de hasta 100.000 obreros reclamó la reducción de jornada de 16 horas a 10 horas. En 1857 se consiguió limitar la jornada a las 10 horas pero solo para varones menores de edad y mujeres. Y en 1886 en Chicago, la mencionada reclamación de la jornada de 8 horas. Por su parte, en el Reino de España no fue hasta 1919 que se conquistó las 8 horas, gracias a la famosa Huelga de La Canadiense, iniciada por el despido de 8 obreros sindicalizados de una compañía eléctrica de Barcelona y secundado posteriormente por la anarcosindicalista CNT, al hacerlo terminó convirtiéndose en una impresionante huelga general que paralizó el 70% de la industria catalana durante 44 días.
Para el socialismo ilustrado decimonónico, la lucha por la RJL estaba en el centro de sus principales consignas y reclamaciones. Esa reivindicación conectaba estratégicamente la lucha económico-sindical inmediata del trabajo frente al capital con una medida que permitía, desde el interior del capitalismo, avanzar hacia el socialismo en tanto liberaba tiempo de vida diario de las y los asalariados, disminuyendo el poder arbitrario ejercido por la clase de los patronos, mejorando su salud y aumentando el tiempo libre disponible necesario para organizar la lucha de la clase obrera. En este sentido, el primero en reivindicar la jornada laboral de 8 horas fue el socialista utópico Robert Owen en 1817 y, siguiendo esa herencia, todo el movimiento obrero decimonónico manifestó, a través del Manifiesto Inaugural de la I Internacional (1864) redactado por Karl Marx, la importancia de la RJL:
[En la] lucha por la limitación legal de la jornada de trabajo (...) de lo que se trataba era de decidir la gran disputa entre la dominación ciega ejercida por las leyes de la oferta y la demanda, contenido de la Economía política burguesa, y la producción social controlada por la previsión social, contenido de la Economía política de la clase obrera. Por eso, la ley de la jornada de diez horas no fue tan sólo un gran triunfo práctico, fue también el triunfo de un principio; por primera vez la Economía política de la burguesía había sido derrotada en pleno día por la Economía política de la clase obrera.
Dos años después, el mismo Marx (1866) en su labor política para la AIT, convertía a la limitación de la jornada laboral nada más y nada menos que en una condición necesaria para la emancipación de la clase obrera:
La condición preliminar, sin la que todas las tentativas de mejorar la situación de los obreros y de su emancipación están condenadas al fracaso, es la limitación de la jornada de trabajo.
En definitiva, en un sentido histórico, una revitalización y adaptación de la propuesta de RJL nos conecta directamente con uno de los núcleos fundadores del proyecto emancipador ilustrado del socialismo.
La reducción de la jornada laboral en perspectiva comparada: un extenso abanico de propuestas y de experiencias internacionales
A menos que queramos mantener y aumentar el nivel de empleo a través de los inútiles e indeseables «bullshit jobs» y que en realidad ni siquiera los que trabajan lo hacen a 40h semanales —de facto no es así, se trabajan muchas horas extraordinarias: 6,5 millones a la semana, el 56% sin pagar—, podríamos apostar por la RJL, pero ¿cómo? Hay muchas formas de reducir la jornada, però podemos realizar una doble clasificación entre acciones legales obligatorias, voluntarias e innovadoras, y entre las que mantienen o encarecen los costes laborales y salarios por hora reduciendo o manteniendo respectivamente los sueldos anuales.
A nivel de obligación legal, la más mediática sería reducir la jornada laboral a 35 horas o menos. Los convenios colectivos también pueden reducir las horas por debajo de las 40 horas, como muchos de los existentes en el sector público —hasta las 35 horas, como en Andalucía— o privados —como en Volkswagen Alemania, de 25 a 34 horas semanales— ligadas a jornadas flexibles.  Las reducciones semanales permiten organizar la semana laboral de 4 días  —el llamado «Friday off»—. Para organizaciones que trabajan con turnos definidos o con plantillas pequeñas puede ser más fácil aplicar medidas de reducción de la jornada a lo largo del conjunto de la vida laboral: períodos más largos de vacaciones, años o semestres sabáticos para actualización de conocimientos cada x años de trabajo continuado, permisos por maternidad y paternidad más extensos, obligatorios e intransferibles, o el adelanto de la edad legal de jubilación, empezando en aquellos sectores que disparan su tasa de absentismo por enfermedades profesionales (estén o no reconocidas actualmente) con la edad.
Otro paquete de medidas pasa por penalizar y así desincentivar las horas extraordinarias o jornadas extendidas —recargo sobre la hora ordinaria— o penalizar con impuestos o cotizaciones al desempleo a las empresas que abusan de los contratos temporales y de los despidos y recontrataciones a lo largo de su ciclo de negocios —como los sistemas de experience rating usados en EEUU—.
El sector público también puede fomentar la creación de trabajos a media jornada o jornada reducida (extendido en otros países, casi inexistente en nuestro país) o que la formación profesional dual o la transición formación-ocupación en profesiones especializadas de servicios finalistas combinen formación con trabajo a tiempo parcial.  Se podría establecer una carrera horizontal con tramos por experiencia que permitiera empezar con un salario más bajo, con menor jornada, e incrementar el número de contrataciones a igual coste y de paso permitir que más titulados incrementen su empleabilidad.
Entre las medidas voluntarias, la medida más importante es permitir el cambio voluntario y reversible de duración de jornada por parte del trabajador (y de obligada aceptación por la empresa, salvo fuerza mayor) —como el caso holandés, que combina una legislación que permite que los trabajadores opten libremente por cambiar de tipo de jornada,  y de manera reversible, con garantizar que se mantienen estrictamente las condiciones laborales entre los trabajos a tiempo completo y reducido—. Holanda tiene la mayor tasa de trabajo a tiempo parcial del mundo y también con una gran mayoría de trabajadores a tiempo parcial haciéndolo voluntariamente (aunque también, como en todos los países,  con un tiempo parcial mayoritariamente femenino). Finalmente, también se puede fomentar el «job sharing» de un puesto de trabajo entre dos o más individuos.
Y de manera innovadora, poniendo un par de ejemplos con experiencias ya existentes, el trabajo retribuido actual se podría combinar con trabajo voluntario o retribuido a un coste inferior  (por ejemplo trabajando media jornada a sueldo profesional de mercado y media jornada con un sueldo más bajo, incluso cobrado con moneda social) para realizar proyectos para la comunidad. O repartir los trabajos más duros de manera colectiva durante períodos de tiempo determinados (como los servicios cívicos para jóvenes). O combinarlo con una Renta Básica Universal, como explicamos más adelante.
La reducción de sueldo puede compensarse parcialmente en algunos trabajos con la compactación de jornadas para reducir costes de desplazamientos y dietas —como los sistemas de turnos en emergencias sanitarias o de bomberos— o el impulso del teletrabajo, además de que en presencia de un IRPF con progresividad la reducción neta de sueldo es inferior a la bruta y que pueden existir ahorros en otros costes (cuidados de niños o dependientes, etc..).  Además, habrá que decidir si se compensa total o parcialmente a las empresas por el incremento de costes (con una rebaja de impuestos y cotizaciones sobre los salarios o mediante otras subvenciones) para mantener total o parcialmente el salario mensual,  y caso contrario si se compensa a los trabajadores con un complemento salarial específico o con políticas redistributivas como la RBU, ambas estructuradas y financiadas mediante con una reforma fiscal.
Como se ve, hay muchas maneras de abordar la RJL, pero ¿qué experiencias reales se han producido? ¿Qué podemos aprender de ellas? Veamos algunas de las realizadas desde la implementación de las 8 horas.
En primer lugar, tenemos el caso de la política de reparto de F. D. Roosevelt en la década de la Gran Depresión.  En un contexto de alta tasa de paro aprobó en 1933 en el marco del New Deal, la President’s Reemployment Agreement (PRA) que consistió en incentivar a las empresas privadas a reducir la jornada a 35 horas, a aumentar el ratio salario/hora y reconocer el derecho legal a la negociación colectiva. El trabajo de Taylor (2009) Work-sharing During the Great Depression explora los resultados de esta política de reparto del trabajo: según el autor fue una medida «fuertemente exitosa» con respecto al objetivo a corto plazo de aumento del empleo, esta política añadió 2,47 millones de trabajadores al sector privado en cuatro meses aunque la mitad de estas ganancias de empleo se perdieron por la petición de aumentar el salario hora, dificultando la subida potencial de empleo por el aumento del coste laboral.
En segundo lugar, el paradigmático caso francés, el Gobierno socialista de L. Jospin redujo la jornada de 39 a 35 horas entre 1998 y 2002 con el lema «trabajar menos para trabajar más personas, y vivir mejor». La reducción de jornada no incluía bajadas salariales —aunque se compensó a las empresas con reducciones en cotizaciones si creaban empleo en proporción— y la patronal francesa lo criticó las potenciales pérdidas de competitividad frente al exterior. No obstante, un primer informe de INSEE (2005) evaluó efectos positivos en creación de empleo y aumento de productividad y un reciente Informe de la Comisión de Investigación de la Asamblea Nacional Francesa (2014) corroboró los resultados: entre 1999 y 2000 —cuando se aplicó la medida a grandes empresas y al sector público— se crearon 350.000 empleos directos gracias a esta medida, disminuyó el trabajo a tiempo parcial, creció el PIB más que en otros períodos de bonanza sin RJL —del 2,2% al 2,5%— y los trabajadores franceses se convirtieron en ese periodo en los más productivos de Europa. Por el lado negativo, como reconoció la diputada Romagnan (2015), encargada del Informe, los salarios se estancaron para muchos trabajadores, algunos perdieron ingresos por la pérdida de horas extra y en algunos puestos de trabajo se intensificó mucho la jornada y se incrementó la flexibilidad en detrimento de la conciliación vida laboral-familiar.
En tercer lugar, en el Estado de Utah (EE.UU.) entre 2008-2009 se promulgó la  iniciativa «Working4Utah», una semana laboral de 4 días para el sector público sin reducción de horas —de 5 días a 8h a 4 días con 10h— con el objetivo de reducir los costes y emisiones de carbono a la vez que ahorraban energía. El experimento tomó un total de 18.000 empleados públicos de un total de 25.000 empleados. Una investigación de Facer y Wadsworth (2010) determinó que el 78,5% de las y los trabajadores estaba de acuerdo y muy de acuerdo con que la experiencia había sido positiva, el 63% aseguraba que había aumentado su productividad y al final del experimento el 82% de los empleados afirmó querer seguir con la jornada de 4 días. La reducción de absentismo laboral y horas extras permitió un ahorro de 4,1 millones de dólares. Desde el punto de vista medioambiental, la reducción de uso de energía fue de 10,5% —6% de energía eléctrica, 16,5% de gas natural, etc.—, se redujo las emisiones de dióxido de carbono en 4.546 toneladas métricas y se redujo el consumo de petróleo en 744.000 galones. No obstante, un Informe de Auditoría General de la Cámara legislativa de Utah (2010) aseguró que no había suficiente evidencia para afirmar con robustez la mejora en la productividad, viéndose efectos mixtos —positivos y negativos dependiendo del tipo de trabajo— y que el ahorro del Estado fue efectivo pero se quedó lejos del esperado.
En definitiva, vemos que las experiencias han arrojado en general buenos resultados, aunque seguimos sin tener suficiente evidencia y se han generado también efectos no deseados que habría que controlar mejor. El último experimento que se está realizando ahora mismo es la reducción de jornada laboral a 30h —6h por día— en el Ayuntamiento de Gotemburgo (Suecia) para observar los incrementos de productividad y la mejora en el balance trabajo/vida. Todavía no hay resultados definitivos, pero las actuales investigaciones arrojan efectos positivos.
Una propuesta socialmente aceptable: Reducción de la Jornada Laboral + Renta Básica Universal
Nuestra propuesta es la Reducción de Jornada Laboral (RJL) unida a una Renta Básica Universal (RBU). ¿Cómo exactamente? Proponemos reducir la jornada un 15% promedio— con la proporcional reducción del salario (coste laboral) pero compensada ex-ante por una RBU de 622€ al mes por adulto ajustado por unidad familiar (equivalente al umbral de riesgo de pobreza en España sin las comunidades forales el año 2010) , de forma incondicional y para toda la población.(1)
Sabemos que esta reducción de la jornada no puede aplicarse a todos los empleos, como algunos de los más cualificados, los que se dan en pequeños centros de trabajo, los autónomos, etc. Pero esta medida es el faro sobre el que se pueden proponer medidas alternativas a aplicar en el conjunto de la vida laboral a cualquier tipo de organización o profesión y con resultados similares: años o semestres sabáticos, jubilaciones anticipadas o combinaciones de diferentes opciones.
Habría que añadir también una reforma fiscal profunda que permita que la RBU sea financiable, tal y como proponen Raventós, Arcarons y Torrens (2016), el combate contra la evasión y elusión fiscal, como propone Gestha (2013), la reducción progresiva de la jornada vía Estatuto de los Trabajadores, permisos de maternidad y paternidad como propone la PPIINA (2012), desincentivar el contrato a tiempo parcial, bonificar a las empresas que contraten nuevos trabajadores, el aumento del SMI y penalizar el abuso de horas extraordinarias.
Esta propuesta de RJL + RBU es una propuesta que otros autores han defendido, los trabajos clásicos de André Gorz (1991) y Guy Aznar (1994) que defienden una RJL con reducción salarial y la necesidad de compensar esa bajada salarial con un mecanismo de redistribución de la renta, ellos lo llamaron el «segundo cheque», son prueba de ello. Ahora más autores se apuntan a esta propuesta, los profesores Williams y Srnicek (2015), Mason (2015), Bregman (2016), entre otros.
Habida cuenta que la sociedad española convive con un altísimo desempleo (29% real), con un nivel de desigualdad creciente (Gini=0,346) y con un alto nivel de pobreza (22%), la aplicación de ambas medidas puede significar una reducción significativa de estos tres fenómenos. Por un lado, se eliminaría de golpe la pobreza —en el sentido de que nadie estaría por debajo del actual umbral de riesgo de pobreza  (efecto directo de la RBU)—, se avanzaría en la reducción de la desigualdad hacia unos índices de Gini a nivel de los países nórdicos —de 0,346 a  0,25— y combinado con políticas de creación de empleo en los sectores de la transición energética y de servicios a las personas (donde los ratios de trabajadores por habitante son muy inferiores a los la UE y en especial de los países socialmente más avanzados) se podría reducir sustantivamente el desempleo actual, veamos algunos números:
Si nos comparamos con el año 2000 hemos creado ya de manera espontánea 675.000 puestos de trabajo (la mayoría precarios) a base de reducir la jornada laboral media con mayor contratación parcial. Aún más, si se redistribuyeran todas las horas trabajadas en nuestro país a los promedios holandeses y alemanes, nuestro paro estaría por debajo del suyo:

En segundo lugar, sabemos que es imposible repartir todos los trabajos, por lo tanto una previsión prudente sería repartir un 60% de los empleos (no los de  empresas de menos de 15 trabajadores, autónomos ni de profesiones directivas o muy especializadas), lo que daría lugar a crear unos 2,5 millones de nuevos puestos con el mismo mix de tiempo parcial y completo que en la actualidad.
Tercero, una comparativa con datos de Eurostat de 2014 con países de nuestro entorno nos dice que si convergemos con la UE15 en horas de trabajo remunerado por habitante en los sectores de la administración pública, educación, salud y servicios sociales (y descontando el exceso de trabajadores domésticos que tenemos), se deberían crear un millón de puestos de trabajo (o más si convergiéramos con los países nórdicos). Estos puestos podrían generar unos costes salariales adicionales de unos 30.000 millones de euros adicionales, de los que entre un 37 y un 49% se recuperarían vía impuesto de la renta (en caso de la existencia de una RBU) por lo que el coste neto inicial para las arcas públicas sería entre 15.000 y 19.000 millones de euros.  A este coste aun debería descontársele el ahorro en prestaciones de desempleo y otras ayudas sociales, el incremento de la recaudación fiscal por el aumento del consumo y el derivado del impacto de los multiplicadores fiscales (podría implicar un 35% más de recaudación) por lo que el coste neto podría ser inferior al 1% sobre el PIB.
Añadamos que tanto el sector de la construcción como el de la manufactura presentan unos ratios de horas trabajadas por habitante también inferiores al promedio europeo —bastante sorprendente en el caso de la construcción e inmobiliaria (le faltan 430.000 empleos respecto a la UE15) , ya que aún acusa el impacto brutal de la crisis— y que los estudios más completos sobre transición energética estiman que se podrían crear en este sector más de  600.000 empleos netos financiados mayoritariamente por los propios ahorros en energías fósiles (27.500 millones de importaciones netas el 2015 a precios mínimos). En resumen, se podría en total superar la cifra de 4 millones de nuevos empleos a un mínimo coste (los nuevos empleos aportarían nuevos ingresos fiscales que más que compensarán el coste de los nuevos puestos en los sectores financiados públicamente) combinando creación neta y RJL en buena parte de la estructura productiva actual.
Este sería de uno de los principales efectos deseables de la implementación de la RJL, veamos su efecto combinado con una RBU ¿Para quién será negativo y positivo?
En primer lugar, al sector empresarial le debería ser una opción inicialmente atractiva, dado que la propuesta cuenta con una reducción del coste laboral proporcional a las menores horas laborables. Por tanto no perderían competitividad más allá de tener que gestionar unas plantillas mayores, coste compensado con dos beneficios adicionales esperados: las empresas enfocadas al mercado de gran consumo nacional notarían un aumento de la demanda interna puesto que la redistribución de la renta mejoraría sus ventas,  y sería esperable una reducción del absentismo y un aumento de la productividad de los trabajadores con menor jornada, como han mostrado experiencias anteriores, lo que favorecería a las empresas tanto enfocadas al mercado exterior como interior. La preocupación empresarial frente al RJL + RBU sería más de clase: la RBU y la reducción del ejército de reserva empoderan a los trabajadores a negociar mejores condiciones de trabajo, por lo que los empresarios ya no pueden aprovecharse de las masas de parados dispuestas a trabajar a cualquier sueldo. Obviamente en el supuesto de eliminación o reducción sustancial del paro habría que gestionar de nuevo -y mejor que en el anterior período- una nueva oleada inmigratoria que presionara el mercado laboral a la baja.
En segundo lugar, a los trabajadores de ingresos medios e ingresos bajos les resultaría también una medida atractiva, porqué aunque los sueldos bajos y medios se redujeran (en términos absolutos pero manteniendo el salario-hora), se incrementaría su ingreso neto gracias a la RBU como se puede mostrar en una simulación realizada con la base de casi 2 millones de datos fiscales de IRPF de 2010 usadas en los trabajos previos de Arcarons, Raventós y Torrens (2):

Fuente: elaboración propia a partir de INE y AEAT.
En esta simulación, por ejemplo, se muestra que el efecto combinado RJL + RBU es netamente positivo para el 72,6% de los declarantes, para el 82,5% de la población incluida en las declaraciones y para el 86,3% del total de la población. Y con un esfuerzo adicional relativamente pequeño (unos 1.200 millones de euros como se observa en la parte inferior de la tabla) se podría garantizar que la totalidad del 80% de los declarantes de menor renta salieran ganando.  Cierto que para las clases más altas el cambio saldría negativo: toda gran redistribución de la renta conlleva ganadores y perdedores.
En tercer lugar, la combinación de RJL + RBU es positiva desde el punto de vista de género, permite a las mujeres un sostén económico independiente de la fuente de ingresos del «varón sustentador», que le aporta mayor libertad republicana en su vida a la vez que un mayor oferta de empleo derivado de la RJL le facilita la incorporación al mercado de trabajo, sin duda una conquista histórica del feminismo y que los otros tipos de rentas mínimas garantizadas no consiguen. Y globalmente, si se consiguen también cambios en los valores y en los hábitos horarios, la RJL + PIINA + RBU sería la mejor forma de avanzar, en clave igualitaria, hacia un justo reparto del trabajo reproductivo y productivo.
En cuarto lugar, un aspecto muchas veces olvidado, es la mejora de la salud poblacional gracias a una medida como ésta. Es sabido en el disciplina de la salud pública, como existe un efecto negativo sobre la salud —tanto para el empeoramiento de la salud mental, como los riesgos psicosociales (WhiteHall study, 2004)— el exceso de carga de trabajo para las y los trabajadores extenuados y a la contra, los efectos negativos del desempleo y la pobreza para los desempleados, de tal manera que reduciríamos la tremenda desigualdad en salud existente. (Véase también: Benach y Muntaner 2010; Pérez Zapata 2015)
En quinto lugar, esta propuesta podría permitir un mejor balance entre ocio/trabajo, para que “la vida misma [no aparezca] sólo como medio de vida” (Marx, 1844). Esa ganancia neta de tiempo libre nos permitirá —aunque deberemos también cambiar nuestros patrones habituales de comportamiento— tener más relaciones sociales, involucrarnos más en la vida de la comunidad y sobre todo, tener de facto el tiempo material necesario para el ejercicio de la ciudadanía republicana, a la vez que la RBU nos garantizará las condiciones materiales para la libertad.
Además, la propuesta que presentamos, puede ser beneficiosa para el medio ambiente siempre y cuando nos permita cambiar nuestro estilo de vida y nuestro nivel de consumo insostenible. Como apuntan los informes de la NEF (2012) y Pullinger (2013) avanzar hacia una semana laboral más corta es una medida positiva al fomentar la ruptura del lazo entre «vivir para trabajar, trabajar para ganar dinero y ganar dinero para consumir (mal y mucho)», sumado a que ayuda a conseguir el objetivo de bajar nuestra huella ecológica, reduciendo el uso de energía no renovable, las emisiones de GEI y el expolio insostenible de otros recursos.
Finalmente, no podemos olvidar los efectos sinérgicos que tienen la unión de la RJL + RBU,  que no se aplican ni impactan de la misma forma si consideramos ambas medidas de forma aislada. Una RJL sin RBU tendría el problema de aumentar los trabajadores pobres o perjudicar la competitividad de las empresas mientras que una RBU sin RJL podría producir una situación vista como injusta y con poca sostenibilidad socio-política al reforzar la tensión entre los empleados  y los desempleados o inactivos —unos viven a costa del empleo de otros—.
Conclusión
Volviendo a ver el contexto actual, en donde tenemos unos niveles de desempleo, pobreza, desigualdad e injusticia de género insostenibles, que todo apunta a que el modelo de crecimiento actual y la globalización no los van a solucionar y que existe una amenaza futura con los procesos de robotización, deberíamos ya seguir la sugerencia de un informe del grupo Socialista europeo al Parlamento Europeo (2016) que, en su punto 23, asegura que hay que tomarse en serio la propuesta de la RBU ante esta revolución tecnológica y, añadiríamos, este panorama general, y en especial en el Reino de España.
Considerando además que las políticas focalizadas de rentas mínimas garantizadas tienen muchos problemas, como las trampas de la pobreza y la precariedad, la estigmatización y los fallos de cobertura —incluso en el mejor de los casos como el de Euskadi—. Sabiendo que estamos ante una involución social en marcha con los auges de la derecha populista que pueden incluso llegar a defender una RBU neoliberal y regresiva cuyo objetivo es sustituir el estado del bienestar por un cheque universal que ya sabemos que es profundamente inequitativo y antisocial y una desregulación general de todos los mercados en beneficio de los oligopolios y del crecimiento salvaje expoliador del planeta.
Es el momento entonces de tomar la iniciativa política y poner la defensa progresista de la RJL + RBU en el centro de una estrategia para construir un proyecto político a la altura de las circunstancias. En tanto estas propuestas son deseables normativamente —conectando además a la tradición socialista-republicana con el feminismo, el ecologismo y el decrecimiento—, son viables técnica y económicamente —aunque todavía falten datos concluyentes sobre el impacto socioeconómico futuro de la robotización— y son potencialmente factibles políticamente porque objetivamente benefician a las grandes mayorías —aunque todavía hace falta disputar el sentido común para convertir esta propuesta en hegemónica—.
¿A qué esperan los sindicatos, los movimientos sociales y los nuevos partidos políticos surgidos al calor del 15M en ponerse manos a la obra, es decir, en impulsar estudios más amplios de la viabilidad de las propuestas, en cómo aplicarlas de la manera más justa y en defender social y discursivamente las mismas?
La RBU + RJL seguro que, sin ser la estación final, sí que será una estación más en el tortuoso camino de búsqueda de una sociedad mejor, con más democracia económica y un mejor reparto de la riqueza. Y a la vez sin rechazar los avances tecnológicos que sean positivos para el bien común y el planeta.
Ha llegado la hora de romper con el poder del viejo reloj industrial, garantizando las condiciones materiales para la existencia y liberando tiempo para vivir vidas sostenibles. Es decir: garantizar el tiempo libre para acercarnos al Reino de la libertad.
Notas:
(1) Alternativamente,  la RJL se podría realizar sin reducción de salario pero compensando los mayores costes empresariales con un mayor nivel impositivo -en el IRPF o combinado con otros impuestos-, con efectos parecidos. Obviamente esta propuesta implicaría problemas adicionales de una imposición más elevada.
(2) En este caso con datos del año 2010 del Reino de España (sin las comunidades con haciendas forales) suponemos una variante de los cálculos originales con una RB familiar de 7471 euros anuales para el primer adulto del hogar, el 50 % para los otros adultos y el 30 % para los menores de edad y aplicamos un IRPF con tres tipos tributarios sobre todas las rentas: 25 % sobre los primeros 3.000 euros brutos de ingresos anuales, 39,2 % sobre el tramo 3.000-70.000 euros y 56 % para los ingresos superiores a 70.000. Simulamos además una reducción de los ingresos salariales del 15 % en todos los salarios situados hasta la decila 50 (a efectos de simular la complejidad de reducir las jornadas laborales de los puestos de trabajo más complejos). Si la RB fuera individual (100 % para cada adulto y 20 % para los menores) el tipo tipo intermedio sería del 51 %, la población total ganadora sería del 84,6 % y el índice de Gini caería al 0,233.


es economista. Director de Planificación e Innovación del Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona y profesor asociado de la Escuela Superior de Comercio Internacional-Universidad Pompeu Fabra. Colabora con Iniciatives pel Decreixement, que impulsa un nuevo modelo económico sostenible y estacionario. Es miembro de la Red Renta Básica.
es sociólogo y politólogo por la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente está cursando un Máster en Políticas Públicas y Sociales por la Universidad Pompeu Fabra y la Johns Hopkins University y trabaja como asesor técnico para la Dirección de Planificación e Innovación del Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona.


A la mierda el trabajo

Análisis

A la mierda el trabajo

El mercado laboral ha fracasado, como casi todos los demás. Ya no hay bastantes trabajos disponibles y los que quedan no sirven para pagar las facturas. ¿Y si el trabajo no es la solución, sino el problema?
James Livingston


Fotograma de The Wall (1982).
MGM
16 de Diciembre de 2016
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Para nosotros, los estadounidenses, el trabajo lo es todo. Desde hace siglos, más o menos desde 1650, creemos que imprime carácter (puntualidad, iniciativa, honestidad, autodisciplina y todo lo demás). También creemos que el mercado laboral, donde encontramos el trabajo, ha sido relativamente eficiente en lo que a asignar oportunidades y salarios se refiere. Y también nos hemos creído, hasta cuando es una mierda, que trabajar da sentido, propósito y estructura a nuestras vidas. Sea como sea, de lo que estamos seguros es de que nos saca de la cama por las mañanas, de que paga las facturas, de que nos hace sentir responsables y de que nos mantiene alejados de la televisión por las mañanas.
Estas creencias ya no están justificadas. De hecho, ahora son ridículas, porque ya no hay bastantes trabajos disponibles y porque los que quedan ya no sirven para pagar las facturas, a no ser, claro está,  que hayas conseguido un trabajo como traficante de drogas o banquero en Wall Street, en cuyo caso, en los dos, te habrás convertido en un gánster.
Hoy en día, todos a izquierda y a derecha, desde el economista Dean Baker al científico social Arthur C. Brooks, desde Bernie Sanders hasta Donald Trump, pretenden solucionar el desmoronamiento del mercado laboral fomentando el “pleno empleo”, como si tener un trabajo fuera en sí mismo una cosa buena, sin tener en cuenta lo peligroso, exigente o degradante que pueda ser. No obstante, el “pleno empleo” no es lo que nos devolverá la fe en el trabajo duro o en el respeto de las normas o en todas esas cosas que suenan tan bien. Actualmente, la tasa de desempleo oficial en EE.UU. está por debajo del 6 %, muy cerca de lo que los economistas siempre han considerado “pleno empleo”, y sin embargo la desigualdad salarial sigue exactamente igual. Trabajos de mierda para todos no es la solución a los problemas sociales que tenemos.

En EE.UU. más de un cuarto de los adultos actualmente con trabajo cobra salarios más bajos de lo que les permitiría superar el umbral oficial de la pobreza

Pero no es que lo diga yo, para eso están los números. En EE.UU. más de un cuarto de los adultos actualmente con trabajo cobra salarios más bajos de lo que les permitiría superar el umbral oficial de la pobreza, y por este motivo un quinto de los niños estadounidenses viven sumidos en la pobreza. Casi la mitad de los adultos con trabajo en EE.UU. tiene derecho a recibir cupones de comida (el Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria, SNAP por sus siglas en inglés, que proporciona ayuda a personas y familias de bajos ingresos, aunque la mayoría de las personas que tiene derecho no lo solicita). El mercado de trabajo ha fracasado, como casi todos los demás. 
Los trabajos que se evaporaron durante la crisis económica no van a volver, diga lo que diga la tasa de desempleo (el aumento neto en el número de trabajos creados desde 2000 se mantiene todavía en cero) y si vuelven de entre los muertos, serán zombis, del tipo contingente, de media jornada o cobrando el salario mínimo, y con los jefes cambiando tus horarios todas las semanas: bienvenido a Wal-Mart, donde los cupones de comida son una prestación.
Y no me digas que subir el salario mínimo a 15$ por hora es la solución. Nadie duda del enorme significado ético de la medida, pero con este salario, el umbral oficial de la pobreza se supera solo después de haber trabajado 29 horas por semana. El salario mínimo federal está en 7,25 $, pero para superar el umbral de la pobreza en una semana de 40 horas, habría que cobrar al menos 10$ por hora. Entonces, ¿qué sentido tiene cobrar un sueldo que no sirve para poder ganarse la vida, sino para demostrar que se tiene una ética de trabajo?
Pero, calla, ¿no es este dilema una fase pasajera más del ciclo económico? ¿Qué pasa con el mercado de trabajo del futuro? ¿No se ha demostrado ya que esas voces agoreras de los malditos maltusianos estaban equivocadas porque siempre aumenta la productividad, se crean nuevos campos empresariales y nuevas oportunidades económicas? Bueno, sí, hasta ahora. La tendencia de los indicadores durante la mitad del siglo pasado y las proyecciones razonables sobre el próximo medio siglo se basan en una realidad empírica tan bien fundamentada que es imposible desestimarlos como ciencia pesimista o sinsentidos ideológicos. Son exactamente iguales que los datos sobre el cambio climático: si quieres puedes negarlo todo, pero te tomarán por tonto cuando lo hagas.

Los economistas de Oxford que estudian las tendencias laborales nos dicen que casi la mitad de los trabajos existentes están en peligro de muerte como consecuencia de la informatización que tendrá lugar en los próximos 20 años

Por ejemplo, los economistas de Oxford que estudian las tendencias laborales nos dicen que casi la mitad de los trabajos existentes, incluidos los que conllevan “tareas cognitivas no rutinarias” (pensar, básicamente) están en peligro de muerte como consecuencia de la informatización que tendrá lugar en los próximos 20 años. Estos argumentos no hacen más que profundizar en las conclusiones a las que llegaron dos economistas del MIT en su libro Race Against the Machine (La carrera contra las máquinas), 2011.  Mientras tanto, los tipos de Silicon Valley que dan charlas TED han comenzado a hablar de “excedentes humanos” como resultado del mismo proceso: la producción cibernética. Rise of the Robots (El alzamiento de los robots), 2016, un nuevo libro que cita estas mismas fuentes, es un libro de ciencias sociales, no de ciencia ficción.
Así que nuestra gran crisis económica (no te engañes, no ha acabado todavía) es una crisis de valores tanto como una catástrofe económica. También se la puede llamar impasse espiritual, ya que hace que nos preguntemos qué otra estructura social que no sea el trabajo nos permitirá imprimir carácter, si es que el carácter en sí es algo a lo que debemos aspirar. Aunque ese es el motivo de que sea también una oportunidad intelectual: porque nos obliga a imaginar un mundo en el que trabajar no sea lo que forja nuestro carácter, determina nuestros sueldos o domina nuestras vidas.
En pocas palabras, esto hace que podamos exclamar: ¡basta ya, a la mierda el trabajo!
Sin duda, esta crisis hace que nos preguntemos: ¿qué hay después del trabajo? ¿Qué harías si el trabajo no fuera esa disciplina externa que organiza tu vida cuando estás despierto, en forma de imperativo social que hace que te levantes por las mañanas y te encamines a la fábrica, la oficina, la tienda, el almacén, el restaurante, o adonde sea que trabajes y, sin importar cuanto lo odies, hace que sigas regresando? ¿Qué harías si no tuvieras que trabajar para obtener un salario?
¿Cómo sería nuestra sociedad y civilización si no tuviéramos que “ganarnos” la vida, si el ocio no fuera una opción, sino un modo de vida? ¿Pasaríamos el tiempo en el Starbucks con los portátiles abiertos? ¿O enseñaríamos a niños en lugares menos desarrollados, como Mississippi, de manera voluntaria? ¿O fumaríamos hierba y veríamos la tele todo el día?

¿Cómo sería nuestra sociedad y civilización si no tuviéramos que “ganarnos” la vida, si el ocio no fuera una opción, sino un modo de vida?

Mi intención con esto no es proponer una reflexión extravagante. Hoy en día, estas preguntas son de carácter práctico porque no hay suficientes trabajos para todos. Así que ya es hora de que hagamos más preguntas prácticas: ¿Cómo se puede vivir sin un trabajo, es posible recibir un sueldo sin trabajar para obtenerlo? Para empezar, ¿es posible?, y lo que es más complicado, ¿es ético? Si te educaron en la creencia de que el trabajo es lo que determina tu valor en esta sociedad, como fuimos educados casi todos nosotros, ¿sentiríamos que hacemos trampas al recibir algo a cambio de nada?

Ya disponemos de algunas respuestas provisionales porque, de una u otra manera, todos estamos cobrando un subsidio. El componente de la renta familiar que más ha crecido desde 1959 han sido los pagos de transferencia del gobierno. A principios del siglo XXI, un 20% de todos los ingresos familiares provenía de lo que también se conoce como asistencia pública o “ayudas”. Si no existiera este suplemento salarial, la mitad de los adultos con trabajos a jornada completa viviría por debajo del umbral de la pobreza, y la mayoría de los estadounidenses tendría derecho a recibir cupones de comida.
Pero, ¿son realmente rentables los pagos de transferencia y las “ayudas”, ya sea en términos económicos o morales? Si seguimos este camino y continuamos aumentándolos, ¿estamos subvencionando la pereza, o estamos enriqueciendo el debate sobre los fundamentos de la vida plena?
Los pagos de transferencia, o “ayudas”, por no mencionar los bonus de Wall Street (ya que estamos hablando de recibir algo a cambio de nada) nos han enseñado a saber diferenciar entre la obtención de un salario y la producción de bienes, aunque ahora, cuando es evidente que faltan trabajos, hace falta replantear este concepto. Da igual cómo se calcule el presupuesto federal, nos podemos permitir cuidar de nuestro hermano. En realidad, la pregunta no es tanto si queremos, sino más bien cómo hacerlo.
Sé lo que estás pensando: no podemos permitírnoslo. Pues no es así, sí que es posible y no es tan difícil. Subimos el arbitrario límite de contribución máxima a la Seguridad Social, que ahora mismo está en los 127$, y subimos los impuestos a las ganancias empresariales, revirtiendo lo que hizo la revolución de Reagan. Con solo estas dos medidas se solucionaría el problema fiscal y se crearía un superávit económico donde ahora solo hay un déficit moral cuantificable.
Aunque claro, tú dirás, junto con todos los demás economistas, desde Dean Baker hasta Greg Mankiw, de derechas o de izquierdas, que subir los impuestos a las ganancias empresariales es un incentivo negativo para la inversión y por tanto para la creación de puestos de trabajo, o que hará que las empresas se vayan a otros países donde los impuestos sean más bajos.
En realidad, subir los impuestos a los beneficios empresariales no puede causar estos efectos.

Si te educaron en la creencia de que el trabajo es lo que determina tu valor en esta sociedad, como fuimos educados casi todos nosotros, ¿sentiríamos que hacemos trampas al recibir algo a cambio de nada?

Hagamos el camino inverso y vayamos hacia atrás en el tiempo. Las empresas son “multinacionales” desde hace ya algún tiempo. En las décadas de 1970 y 1980, antes de que surtieran efecto las rebajas impositivas que Ronald Reagan impulsó, aproximadamente un 60% de los bienes manufacturados que se importaban eran fabricados por empresas estadounidenses en el exterior, en el extranjero. Desde entonces, este porcentaje ha aumentado ligeramente, pero no tanto.
Los trabajadores chinos no son el problema, sino más bien la idiotez sin hogar y sin sentido de la contabilidad empresarial. Por eso es tan risible la decisión tomada en 2010 gracias a Citizens United (Ciudadanos Unidos), que sostiene que la libertad de expresión es aplicable también a las donaciones electorales. El dinero no es una expresión, como tampoco lo es el ruido. La Corte Suprema ha evocado un ser viviente, una nueva persona, de entre los restos del derecho común, y ha creado un mundo real que da más miedo que su equivalente cinematográfico, ya sea este el que aparece en Frankenstein, Blade Runner o, más recientemente, en Transformers.
Pero la realidad es esta: la inversión empresarial o privada no genera la mayoría de los trabajos, así que subir los impuestos a la ganancia empresarial no tendrá ningún efecto sobre el empleo. Has leído bien. Desde la década de 1920, el crecimiento económico ha seguido aumentando a pesar de que la inversión privada se ha estancado. Esto significa que los beneficios no sirven para nada, excepto para anunciar a tus accionistas (o expertos en compras hostiles) que tu compañía es un negocio que funciona, un negocio próspero. No hacen falta beneficios para “reinvertir”, para financiar la expansión de tu mano de obra o de tu productividad, como ha quedado claramente demostrado gracias a la historia reciente de Apple y de la mayoría de las demás empresas.
Eso hace que las decisiones en materia de inversión que realizan los directores ejecutivos de las empresas tengan solo un efecto marginal sobre el empleo. Hacer que las empresas paguen más impuestos para poder financiar un Estado del bienestar que permita que amemos a nuestros vecinos y que cuidemos de nuestros hermanos no es un problema económico, es otra cosa, es una cuestión intelectual o un dilema moral.
Cuando tenemos fe en el trabajo duro, estamos deseando que imprima carácter, pero al mismo tiempo estamos esperando, o confiando, que el mercado de trabajo asigne los ingresos de manera justa y racional. Ahí es donde está el problema, que estos dos conceptos van juntos de la mano. El carácter puede provenir del trabajo sólo cuando vemos que existe una relación inteligible y justificable entre el esfuerzo realizado, las habilidades aprendidas y la recompensa obtenida. Cuando observo que tu salario no tiene ninguna relación en absoluto con tu producción de valor real, o con los bienes duraderos que el resto de nosotros podemos utilizar y apreciar (y cuando digo duradero no me refiero solo a cosas materiales), entonces empiezo a dudar de que el carácter sea una consecuencia del trabajo duro.

Forjar mi carácter a través del trabajo es una tontería porque la vida criminal sale rentable, y lo que debería hacer es convertirme en un gánster como tú

Cuando veo, por ejemplo, que tú estás haciendo millones lavando el dinero de los cárteles de la droga (HSBC), que vendes deudas incobrables de dudoso origen a los gerentes de fondos de inversión (AIG, Bear Stearns, Morgan Stanley, Citibank), que te aprovechas de los prestatarios de renta baja (Bank of America), que compras votos en el Congreso (todos los anteriores), también llamado un día más en la rutina de Wall Street, mientras que yo tengo problemas para llegar a fin de mes aun teniendo un trabajo a tiempo completo, me doy cuenta de que mi participación en el mercado laboral es irracional. Sé que forjar mi carácter a través del trabajo es una tontería porque la vida criminal sale rentable, y lo que debería hacer es convertirme en un gánster como tú.
Por ese motivo, la crisis económica que estamos sufriendo también es un problema ético, un impasse espiritual y una oportunidad intelectual. Hemos apostado tanto por la importancia social, cultural y ética del trabajo, que cuando falla el mercado laboral, como lo ha hecho ahora de manera tan espectacular, no sabemos explicar lo que ha pasado ni sabemos encauzar nuestras creencias para encontrar un significado diferente al trabajo y a los mercados.
Y cuando digo “nosotros” me refiero a casi todos nosotros, derechas e izquierdas, porque todo el mundo quiere que los estadounidenses vuelvan al trabajo, de una u otra manera, el “pleno empleo” es un objetivo tanto de los políticos de derechas como de los economistas de izquierdas. Las diferencias entre ellos se basan en los medios, no en el fin, y ese fin incluye intangibles como la adquisición de carácter.
Esto equivale a decir que todo el mundo ha redoblado los beneficios asociados al trabajo justo cuando este está alcanzando su punto de evaporación. Garantizar el “pleno empleo” se ha convertido en el objetivo de todo el espectro político justo cuando resulta más imposible a la par que más innecesario, casi como garantizar la esclavitud en la década de 1850 o la segregación en la década de 1950.
¿Por qué?
Pues porque el trabajo lo es todo para nosotros, habitantes de sociedades mercantiles modernas, independientemente de su utilidad para imprimir carácter y distribuir ingresos de manera racional, y bastante alejado de la necesidad de vivir de algo. El trabajo ha sido la base de casi todo nuestro pensamiento sobre lo que significa disfrutar de una vida plena desde que Platón relacionó el trabajo manual con el mundo de las ideas. Nuestra manera de desafiar a la muerte ha sido la creación y reparación de objetos duraderos, puesto que sabemos que los objetos significativos durarán más que el tiempo que tenemos asignado en este mundo y que nos enseñan, cuando los creamos o reparamos, que el mundo más allá de nosotros, el mundo que existió y existirá, posee una realidad propia.
Detengámonos en el alcance de esta idea. El trabajo ha sido una manera de ejemplificar las diferencias entre hombres y mujeres, por ejemplo, cuando fusionamos el significado de los conceptos de paternidad y “sostén familiar”, o como cuando, más recientemente, intentamos disociarlos.  Desde el siglo XVII, se ha definido la masculinidad y la feminidad, aunque esto no significa que se consiguiera así, por medio del lugar que ocupan en una economía moral, en términos de hombre trabajador que recibía un salario por su producción de valor en el trabajo, o en términos de mujer trabajadora que no cobraba nada por su producción y mantenimiento de la familia. Por supuesto, hoy en día estas definiciones están cambiando a medida que cambia el significado de la palabra “familia” y a medida que se producen cambios profundos y paralelos en el mercado de trabajo, la entrada de la mujer es solo uno de ellos, y en las actitudes hacia la sexualidad.

El trabajo ha sido la base de casi todo nuestro pensamiento sobre lo que significa disfrutar de una vida plena desde que Platón relacionó el trabajo manual con el mundo de las ideas

Cuando desaparece el trabajo, la diferencia entre los sexos que produce el mercado de trabajo se diluye. Cuando el trabajo socialmente necesario disminuye, lo que un día se conocía como trabajo de mujeres (educación, atención sanitaria o servicios) es ahora nuestra industria primaria, y no una dimensión “terciaria” de la economía cuantificable. El trabajo relacionado con el amor, con cuidarse los unos a los otros y con aprender a cuidar de nuestros hermanos (el trabajo socialmente beneficioso) se convierte no sólo en posible, sino más bien en necesario, y no solo en el interior del núcleo familiar, donde el afecto está a nuestra disposición de manera rutinaria, no, me refiero también a lo que hay ahí fuera, en el vasto mundo exterior.
El trabajo también ha sido la manera estadounidense de producir “capitalismo racial”, como lo llaman hoy en día los historiadores, gracias a la mano de obra de esclavos, de convictos, de medieros y luego de mercados laborales segregados, en otras palabras, un “sistema de libre empresa” edificado sobre las ruinas de cuerpos negros o un entramado económico animado, saturado y determinado por el racismo. Nunca hubo un mercado libre laboral en esta unión de Estados. Como todos los demás mercados, este siempre estuvo cubierto por la discriminación legal y sistemática del hombre negro. Hasta se podría decir que este mercado con cobertura creó los aún hoy utilizados estereotipos sobre la vagancia de los afroamericanos mediante la exclusión de los trabajadores negros del trabajo remunerado y su confinamiento a vivir en los guetos de días de ocho horas.
Y aun así, aun así, aunque a menudo el trabajo ha significado una forma de subyugación, de obediencia y jerarquización (ver más arriba), también es el lugar donde muchos de nosotros, seguramente la mayoría de nosotros, hemos expresado de manera consistente nuestro deseo humano más profundo: liberarnos de autoridades u obligaciones impuestas de manera externa y ser autosuficientes. Durante siglos nos hemos definido a nosotros mismos de acuerdo con lo que hacemos, de acuerdo con lo que producimos.
Sin embargo, ya debemos ser conscientes de que esta definición de nosotros mismos lleva adscrita el principio productivo (de cada cual según sus capacidades, a cada cual según su creación de valor real por medio del trabajo) y nos obliga a alimentar la idea inane de que nuestro valor lo determina solo lo que el mercado de trabajo puede registrar, en términos de precio. Aunque también debemos ser conscientes de que este principio marca un cierto camino cuya consecuencia es el crecimiento infinito y su fiel ayudante, la degradación medioambiental.

¿Podemos dejar que la gente reciba algo a cambio de nada y aun así tratarlos como hermanos y hermanas, miembros de una preciada comunidad?

Hasta ahora, el principio productivo ha servido como principio real que hizo que el sueño americano fuera posible: “Trabaja duro, acepta las reglas y saldrás adelante”, o “cosechas lo que siembras, labras tu propio camino y recibes con justicia lo que has ganado con honradez”, u homilías y exhortaciones parecidas que se usaban para entender el mundo. Sea como sea, antes no sonaban ilusorias, pero hoy en día sí.
En este sentido, la adhesión al principio productivo es una amenaza para la salud pública y para el planeta (en realidad, estas dos cosas son lo mismo). Comprometernos con algo que sabemos imposible es volvernos locos. El economista ganador del Nobel Angus Deaton dijo algo parecido cuando explicó las anómalas tasas de mortalidad que se estaban registrando entre la población blanca que habita los Estados de mayoría evangelista (Bible belt) alegando que habían “perdido la narrativa de sus vidas”, y sugiriendo que habían perdido la fe en el sueño americano. Para ellos, la ética del trabajo es una sentencia de muerte porque no pueden practicarla.
Por esta razón, la inminente desaparición del trabajo plantea cuestiones fundamentales sobre lo que  significa ser humano. Para empezar, ¿qué propósito podríamos elegir si el trabajo, o la necesidad económica, no consumieran la mayor parte de las horas que pasamos despiertos y de nuestras energías creativas? ¿Qué posibilidades evidentes, aunque todavía desconocidas, aparecerían? ¿Cómo cambiaría la misma naturaleza humana cuando el antiguo y aristocrático privilegio sobre la ociosidad se convierte en un derecho innato del mismo ser humano?
Sigmund Freud insistía en que el amor y el trabajo eran los ingredientes esenciales de la existencia humana saludable. Tenía razón, por supuesto, pero ¿podría el amor sobrevivir a la desaparición del trabajo como compañero de buena voluntad que se necesita para alcanzar la vida plena? ¿Podemos dejar que la gente reciba algo a cambio de nada y aun así tratarlos como hermanos y hermanas, miembros de una preciada comunidad? ¿Te imaginas el momento en el que acabas de conocer en una fiesta a una persona extraña que te atrae, o estás buscando alguien en Internet, a quien sea, pero no le preguntas: “¿y, en qué trabajas”?
No obtendremos ninguna respuesta a estas preguntas hasta que no nos demos cuenta de que hoy en día el trabajo lo es todo para nosotros, y que de ahora en adelante ya no podrá ser así. 
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Traducción de Álvaro San José.
James Livingston es profesor de Historia en la Universidad de  Rutgers en Nueva Jersey. Es autor de varios libros, el último No More Work: Why Full Employment is a Bad Idea (2016).