dilluns, 27 de març de 2017

¿ Podemos substituir el petróleo por ahorro y energía renovable?

Debat organitzat per l'associació revo prosperidad sostenible

3ª Charla /debate 

3ª Charla /debate ¿ Podemos substituir el petróleo por ahorro y energía renovable?

Ponentes:
Antonio Turiel, fisico, matemático, investigador del CSIC y responsable del blog “The Oil Crash”
Jordi Parés, ingeniero y experto en energías renovables
Dia: 20 de Abril a las 18,30h.
Lugar: Pati Llimona, Sala Joan Maragall
C/ Regomir 3,  Barcelona

dilluns, 20 de març de 2017

5 Razones por las que la izquierda debe olvidarse del crecimiento económico

Article publicat al web  Decrecimiento
Jaime Nieto - Nueva Revolución

Aunque el Banco Central Europeo tiene como principales objetivos garantizar el crecimiento económico y la estabilidad de precios, suele anteponer la segunda a la primera. En este contexto, parece más justificada que nunca la defensa de las políticas de crecimiento de inspiración keynesiana por parte de la izquierda. Estas políticas, responsables de la “Edad de oro” del capitalismo (1945-1973) construyeron los cimientos del Estado del Bienestar que comenzaron a erosionarse tras la oleada neoliberal de los años 80. En la actualidad, los continuadores de este nefasto legado arrecian en la demolición del Estado del Bienestar  argumentando que no es sostenible. Sin embargo, si no queremos perder esta batalla, debemos empezar a reconocer que son el propio capitalismo y la sociedad industrial las que no son sostenibles. El conocimiento acumulado durante el último medio siglo, en especial tras la publicación deLos límites del crecimiento (1972) revela que el crecimiento no era más que un atajo. Hoy sabemos que este atajo no solo no es posible, sino que ni siquiera es necesario para lograr una economía justa. Por ello, en este artículo propongo 5 razones por las que los agentes políticos progresistas deberían renunciar al crecimiento y abrazar otros planteamientos para armar la alternativa ante el ocaso de la revolución neoliberal.
  1. Más crecimiento no supone mayor bienestar.

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En efecto, a partir de cierto umbral que suele situarse en torno a los 10.000-15.000$ per cápita, el crecimiento económico no es capaz de elevar el nivel de bienestar. El gráfico superior relaciona PIB per cápita (eje horizontal) y bienestar subjetivo (eje vertical), lo que podría tacharse de una evidencia “no objetiva”. Sin embargo, existen gráficos similares para el Índice de Desarrollo Humano (IDH) u otros índices “objetivos” como elÍndice de Progreso Social. En definitiva, parece absurdo que los países ricos sigan empeñados en aumentar su PIB si ya cruzaron el umbral a partir del que ya no es capaz de repercutir en el bienestar social.
  1. ¡Es mejor redistribuir!

Precisamente lo que nos indica el punto anterior es que hay ingentes cantidades de PIB sobrante en los países ricos que sí podrían ayudar a mejorar el bienestar en los países pobres. Es más, hay ingentes cantidades de PIB sobrante en los percentiles más ricos de la población que sí podrían ayudar a mejorar el bienestar de la mayoría social. No solo eso, sino que como se puede ver en el gráfico inferior, no existe correlación (ni positiva ni negativa) entre la desigualdad (medida a través del índice de Gini) y el PIB per cápita. Por lo tanto, el crecimiento por sí solo no representa una mejora para la mayoría social. Por último, el PIB no es más que la suma de las rentas del trabajo y las rentas del capital*, por lo que es vital conocer cómo se distribuye el crecimiento. Por ejemplo, el artificial crecimiento de España en los últimos años ha ido a parar mayoritariamente a las rentas del capital en detrimento de los salarios. No perdamos de vista las prioridades.

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  1. El crecimiento económico contra el cambio climático.

Existe abundante evidencia de que el crecimiento económico está positivamente correlacionado con el incremento de la contaminación atmosférica. No obstante, suele decirse que el crecimiento genera, a la larga, inversiones sostenibles que hacen disminuir las emisiones a partir de cierto nivel de PIB. Lo que se observa más bien, en una analogía ecológica de la teoría del intercambio desigual, es un traslado de la producción sucia a los países pobres para su consumo, libre ya de polvo y paja, en los países ricos. Por lo tanto, no es que se emita menos a partir de cierto nivel de PIB (o que se haga con menor intensidad), sino que estas emisiones se desplazan de lugar, aumentando en el cómputo global. La lucha contra el cambio climático requiere replantearnos este modelo de economía.
  1. ¡El empleo no es rehén del crecimiento!

A estas alturas más de uno/a se estará preguntando: pero, ¡¿qué pasa con el empleo?! En los primeros compases de la crisis, solía escucharse que el empleo se recuperaría a partir de que el país creciera por encima del 2%. Si bien es cierto que el crecimiento ha estado tradicionalmente ligado al incremento del empleo, esto no implica de ninguna manera que esta sea la única forma de tener empleo.

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Jackson y Victor (2011) muestran en el gráfico superior, que la ausencia de crecimiento no solo no implica pérdida de desempleo, sino que puede contribuir a reducir las emisiones. Los escenarios asumen una misma tasa de empleo, pero en los escenarios 2 y 3 la jornada laboral se ha reducido sustancialmente y se ha operado un cambio de modelo productivo hacia servicios ecológicamente sostenibles. Mientras el PIB (izquierda) permanece igual (incluso decrece), la tasa de empleo se mantiene y las emisiones (derecha) en Reino Unido caen intensamente. El trabajo y la lucha contra el cambio climático no son incompatibles: el crecimiento económico, sí.
  1. Se trata de cambiar de objetivos.

El PIB, como indicador, es un auténtico desastre. Algunos estudios apuntan, por ejemplo, que el PIB español podría estar valorado un 20% por encima de la realidad. Por su parte, la economía feminista nos enseña que deja fuera los trabajos domésticos y la esfera reproductiva y de cuidados. Y existen serias dudas de que incluirlo fuera a mejorar el bienestar de la ciudadanía, no digamos ya el de las mujeres. Mientras, la economía ecológica señala que la reparación de desastres naturales  (como un vertido de petróleo a un acuífero) o gastos meramente defensivos como el presupuesto militar, suman al PIB cuando en realidad no tienen nada que ver con una mejora de las condiciones de vida. El objetivo nunca debería ser incrementar un indicador que arroja muchas dudas sobre su veracidad, su capacidad para mejorar el bienestar y que genera impactos medioambientales muy serios.

Más bien, se debería poner el foco en la redistribución del ingreso y del empleo con la vista puesta en la conciliación. Del mismo modo, distribuir los trabajos reproductivos que actualmente recaen sobre las mujeres, ampliando el peso de aquellos referidos a los cuidados. También avanzar hacia la democracia económica (que las libertades democráticas no terminen en las puertas de los centros de trabajo) y en la transición energética hacia un modelo sostenible, compatible con la vida y bienestar de las personas. Si de la persecución de estos objetivos se deriva un descenso en el PIB será tan solo eso, una consecuencia. Ni el crecimiento ni tampoco el decrecimiento deberían ser objetivos en sí mismos y, de ser así, se estaría cayendo en el mismo error. Es hora de tomar las riendas de la economía.

*Más impuestos menos subvenciones sobre producción e importaciones.

dijous, 16 de març de 2017

Desigualdad y predistribución



Article publicat a El País

Garantizar el Estado de bienestar para todos exige que quienes sufragan con sus impuestos el grueso del gasto social colaboren. Sociedades donde la pobreza y la exclusión requieren asistencia pública son propicias para el populismo de derechas

De repente nos hemos puesto a hablar de desigualdad, insistentemente. Pero no siempre con el rigor debido. Hace dos meses, Julio Carabaña, en un ejercicio de sana provocación, sorprendió a propios y extraños argumentando en estas mismas páginas que la desigualdad no había aumentado significativamente. Al profesor Carabaña no le faltaban motivos ni evidencias para sugerir que algunos diagnósticos se habían exagerado. Pero creo humildemente que mi admirado colega nos cuenta tan solo una parte de lo que necesitamos saber acerca de la evolución de la desigualdad.

La desigualdad sí ha aumentado, notablemente. No tanto en la forma en que es finalmente experimentada (la desigualdad de renta disponible, a la que se refiere Carabaña) como en la desigualdad de partida, generada por las relaciones económicas que se producen en el mercado. Lo que se ha hecho más desigual es la distribución de ingresos derivados del empleo asalariado, el autoempleo y las ganancias de capital. El Estado de bienestar se ha encargado tradicionalmente de reducir la desigualdad de mercado con sus políticas fiscales y de transferencias monetarias (pensiones, prestaciones de desempleo, rentas mínimas, etc.). Es lo que se conoce como redistribución. Para evitar que un aumento de la desigualdad de mercado se traduzca en mayor desigualdad de renta disponible, el Estado debe incrementar su esfuerzo redistributivo.

Hacerlo tiene costes importantes, que capas crecientes del electorado se muestran reacias a aceptar. A medida que el Estado tiene que gastar más para garantizar el bienestar de todos, incluidos los colectivos más desfavorecidos, resulta más difícil conseguir que los segmentos de la población que sufragan con sus impuestos el grueso del gasto social colaboren en el empeño, lo que ocasiona conflictos distributivos: colectivos que se sienten ninguneados, territorios que se consideran fiscalmente maltratados, élites que desvían sus rentas a paraísos fiscales, etc. El auge de muchos populismos de derechas se nutre, en buena medida, de esta insatisfacción, exacerbada en sociedades con marcadas fracturas étnicas, donde la pobreza y la exclusión que requieren asistencia pública se concentran fundamentalmente en una infraclase particularmente vulnerable formada por minorías y poblaciones inmigradas.

En España, el coeficiente de Gini que mide la desigualdad de mercado (en una escala donde 0 representa una sociedad en la que todos tienen lo mismo y 100 una en la que uno lo acapara todo) ha pasado de 43,4 en 2007 a 50,8 en 2014, y en la zona euro de 49 a 51,9. El deterioro de este coeficiente en España durante los años de crisis es el más pronunciado en la UE tras Chipre.
“No tenéis derecho a quedaros lo que yo me he ganado”, repite el Tea Party
El Estado de bienestar todavía consigue reducir considerablemente estos índices (llevándolos aproximadamente a 34-35 en España). Pero en muchos casos se comienzan a tensar las costuras. Por un lado, algunos sectores sociales no encuentran alivio suficiente al sufrimiento provocado por la privación económica. Por otro, aparecen grupos que se sienten injustamente ignorados por las políticas sociales. Algunas de las mejores obras que se han escrito sobre el caldo de cultivo social que ha aupado a Trump a la presidencia de Estados Unidos (las de John B. Judis, J. D. Vance o Arlie Hochschild) retratan el descontento de una “clase media radical” (fundamentalmente blanca), situada entre una élite económica cosmopolita que se distancia a pasos agigantados del “americano medio” (en términos de renta, estilo de vida y valores) y una clase desfavorecida (generalmente perteneciente a minorías) a la que creen que se prodiga atenciones “inmerecidas”. Un eslogan del Tea Party recoge bien ese sentimiento: “no tenéis derecho a quedaros lo que yo me he ganado”.

En este contexto algunos académicos e intelectuales progresistas reclaman una nueva aproximación a la lucha contra la desigualdad, que pueda ayudar a reflotar la estrategia socialdemócrata. Es el llamado enfoque de la predistribución. Sus partidarios comparten la preocupación por corregir las desigualdades ex–ante, cuando se originan en el mercado, y la necesidad de preparar a la ciudadanía para lidiar con ellas (empoderarla).

Sobre la mesa se han puesto básicamente dos modalidades de propuestas de predistribución. Una primera reclama intervenir en el funcionamiento de los mercados para corregir activamente las ineficiencias que produce una desregulación excesiva. Es lo que Jacob Hacker, uno de sus principales promotores intelectuales, denomina “acertar con la macroeconomía” (getting the macroeconomy right). En lo últimos tiempos se ha evidenciado que el capitalismo laissez faire produce importantes externalidades negativas cuyo coste no es internalizado por quienes lo generan. Se evidencia también que en sociedades muy desiguales, donde las élites económicas disfrutan de una gran capacidad para comprar voluntades y favores políticos, la extracción de rentas es endémica, y los mercados realmente existentes se parecen poco a los modelos estilizados que aparecen en los manuales de macroeconomía.

La lucha contra los desequilibrios puede ayudar a reflotar la estrategia socialdemócrata
Dentro de esta modalidad de predistribución, en el menú de políticas públicas admisibles, se admite espacio para cierto margen de ineficiencia económica, de efectos limitados y controlables, si ayuda a corregir la desigualdad: regulando el acceso a ciertos bienes básicos, fijando el salario mínimo o algunas prestaciones en relación a umbrales de referencia actualizados, otorgando protagonismo a los procesos de negociación colectiva en la determinación de salarios, limitando los salarios más altos. Se argumenta, y existe evidencia al respecto, que la mayor igualdad finalmente conseguida puede propiciar crecimiento económico.

La segunda modalidad de predistribución propuesta está encaminada a promover la capacitación y el empoderamiento de los individuos en un mundo más incierto y volátil, donde van a estar expuestos a vaivenes de la economía, episodios disruptivos en su vida personal y familiar, y riesgo de precariedad. En el centro de la agenda estaría la idea de dotar a los individuos de competencias que les permitan manejarse en la adversidad, evitando que puedan quedar “relegados” o atrapados en ciclos perversos que erosionen sus oportunidades vitales. Las políticas de apoyo a la primera infancia, la educación, las ayudas a la emancipación, la formación a lo largo de la vida, las políticas de activación se convierten, en este marco, en estrategias prioritarias.

Está por ver si los programas de predistribución y empoderamiento pueden contribuir a robustecer el músculo electoral de la socialdemocracia, pero parece claro que las propuestas conectan con un diagnóstico ajustado de lo que está sucediendo con la evolución contemporánea de las desigualdades. Algo que en tiempos de cólera populista se echa muy en falta.

 Pau Marí-Klose es profesor de Sociología de la Universidad de Zaragoza.

dimecres, 15 de març de 2017

¿A qué clase media pertenece usted?

Article publicat a El País
Hace seis años escribí esto: “La principal fuente de los conflictos venideros no van a ser los choques entre civilizaciones, sino las expectativas frustradas de las clases medias que declinan en los países ricos y crecen en los países pobres”.
Mi argumento en ese entonces —y que ahora se ha confirmado— es que las clases medias en Estados Unidos, Europa y otros países de mayores ingresos verían empeorar su estándar de vida, mientras que en China, Turquía, Colombia y otros países emergentes la situación económica de los más pobres mejoraba. En ese mismo artículo señalé que tanto el aumento como la disminución de los ingresos generan expectativas que alimentan la inestabilidad social y política. La sorpresa, por supuesto, es que el aumento de los ingresos de la gente en los países pobres sea una fuente de inestabilidad. Más abajo vuelvo sobre esta paradoja. En ese artículo de 2011 también alerté de que “inevitablemente, algunos políticos en los países avanzados aprovecharán este descontento para culpar del deterioro económico al auge de otras naciones”. Y finalicé pronosticando que las consecuencias internacionales de este choque de clases, que entonces no eran obvias, acabarían siéndolo.
Bueno… lamentablemente, ya lo son.
En estos tiempos de Brexit, Donald Trump, Marine Le Pen, Geert Wilders, Podemos y otras sorpresas políticas proliferan los análisis que intentan descifrar las fuerzas que nutren “La Gran Furia”, ese profundo descontento que lleva a los votantes a escoger a quien sea con tal de que no se parezca “a los de antes”. La globalización, la inmigración, la automatización, la desigualdad, el nacionalismo y el racismo son solo algunas de las causas que más comúnmente se mencionan para explicar “La Gran Furia”. Pero me ha llamado la atención que los análisis no incluyen en su explicación lo que está sucediendo en Asia, América Latina o África. Una vez más, la narrativa dominante trata como si fuera mundial un fenómeno regional que ocurre principalmente en Norteamérica y en el Viejo Continente.
Los análisis ignoran que la clase media, esa que en Europa y EE UU está luchando para no perder su preeminencia económica, social y política está en pleno apogeo en el resto del mundo. Para una familia en India que, por primera vez, tiene ingresos que le permiten tener medicinas, casa, coche, televisión, teléfonos inteligentes y algo de ahorros, la defensa de la supremacía blanca que en EE UU motivó a muchos a votar por Donald Trump resulta ininteligible.
El apogeo de la clase media en países pobres es la principal revelación de un importante estudio que acaba de ser publicado por Homi Kharas, uno de los más respetados estudiosos de la cuestión. Sus cálculos indican que hoy 3.200 millones de personas forman parte de la clase media en el mundo, es decir el 42% de la población total. Para estos cálculos, los investigadores e instituciones como el Banco Mundial definen como clase media a las personas con ingresos diarios de entre 11 y 110 dólares al día. Este segmento ha venido creciendo rápidamente, pero a diferentes ritmos. Mientras que en Estados Unidos, Europa y Japón crece anualmente al 0,5%, en China e India suma un 6% cada año.
Globalmente, la clase media aumenta 160 millones de personas al año y de seguir a este ritmo, en pocos años, la mayoría de la humanidad vivirá, por primera vez en la historia, en hogares de esta categoría. Si bien las clases medias son hoy más numerosas que nunca en países como Nigeria, Senegal, Perú o Chile, su expansión es un fenómeno primordialmente asiático. Según Kharas, la abrumadora mayoría (¡el 88%!) de los 1.000 millones de personas que formarán parte de este estrato en los próximos años vivirá en Asia.
El impacto económico de todo esto es enorme. El consumo de la clase media en países de menores ingresos crece al 4% anual y ya equivale a un tercio del total de la economía global.
Naturalmente, los cambios que está experimentando la clase media tiene importantes consecuencias políticas. En Europa y EE UU estas consecuencias ya las vemos en los resultados de las elecciones, los referendos y en la proliferación de improbables candidatos que promueven agendas inéditas. En los países de menores ingresos, en los cuales la clase media crece a gran velocidad, también crecen rápidamente las expectativas y exigencias. Estos nuevos protagonistas sociales más tecnológicamente conectados, con más poder adquisitivo, más educación, más información y más conciencia de sus derechos son una fuente de inmensas presiones sobre gobiernos que no tienen la capacidad de satisfacer esas expectativas.
La clase media de los países ricos se siente amenazada y va a exigir a sus gobiernos acciones y resultados que mantengan sus estándares de vida históricos. Al mismo tiempo, la clase media de los países emergentes está más esperanzada que nunca y luchará para que su progreso continúe.
Como ya lo estamos viendo, estas agendas políticas divergentes son el origen de importantes fricciones internacionales. Y lo seguirán siendo.

dimarts, 14 de març de 2017

Informe Deloitte sobre descarbonització del transport a espanya

Notícia publicada a El País sobre l'informe 
Link a l'Informe Deloitte

España necesita 300.000 coches eléctricos en 2020 para luchar contra el cambio climático

Deloitte estima que descarbonizar el transporte particular requiere una inversión anual de 650 millones

En España deberían circular 300.000 coches eléctricos en 2020. En 2025, entre 1,2 y dos millones. En 2030, entre 4,4 y seis. Es lo que tendría que ocurrir con el transporte de pasajeros si España quiere cumplir con los compromisos ante la Unión Europea de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, según un estudio de la consultora Deloitte. El informe estima que para cumplir con esas metas se requerirá una inversión de unos 650 millones de euros anuales hasta 2030 (para incentivos y puntos de recarga). En 2015 circulaban solo 6.500 vehículos de este tipo en nuestro país y el Gobierno apenas ha destinado 40 millones de euros en incentivos para coches eléctricos desde 2009.
Un coche eléctrico recargando la batería, en Madrid. Vídeo: ATLAS Foto: Álvaro García
Cuando se habla de la lucha contra el cambio climático se suele pensar en chimeneas humeantes y centrales térmicas que emplean el carbón para generar electricidad. Pero no en tubos de escape. Sin embargo, el sector del transporte (además de desencadenar otros problemas de contaminación) supone alrededor del 25% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la actividad económica en España. "Se ha puesto mucho el foco en la generación eléctrica limpia y no se ha puesto en el transporte", señala Alberto Amores, uno de los autores del informe de la división Monitor Deloitte Un modelo de transporte descarbonizado para España en 2050, presentado este martes.
El pasado año, casi un 40% de la electricidad generada en nuestro país provino de energías limpias, fundamentalmente hidráulica y eólica. Sin embargo, los coches eléctricos e híbridos enchufables siguen siendo algo residual: solo se vendieron en España 4.750 vehículos de este tipo en 2016, lo que supuso apenas el 0,4% de todos los matriculados.
Pero si España quiere cumplir con sus compromisos internacionales en la lucha contra el cambio climático, el sector del transporte también se debe descarbonizar. Nuestro país, como el resto de los miembros de la Unión Europea, está obligado a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero entre un 80% y un 95% en 2050.
Deloitte pone el foco en el desarrollo del vehículo eléctrico como una vía para cumplir con esos acuerdos internacionales. "Para el año 2020 se necesita llegar a un parque de entre 200.000 y 300.000 vehículos eléctricos e híbridos enchufables para garantizar en el medio plazo el cumplimiento de los objetivos medioambientales", señala el informe coordinado por Amores. Se requeriría que el 5% de los coches que se vendan sean eléctricos de aquí hasta 2020, frente al 0,4% del pasado año.
El porcentaje y el número total tendrían que aumentar significativamente en los siguientes años: entre 1,2 y dos millones en 2025 y entre 4,4 y seis millones en 2030. Que se ofrezca una horquilla tan amplia de los coches eléctricos que tienen de circular se debe a que Deloitte toma varios escenarios de implantación relacionados con el cambio de hábitos respecto a la movilidad. Estos escenarios están condicionados por el desarrollo del coche autónomo y compartido.
En todo caso, el informe apunta a que en 2025 entre el 30% y el 35% de los coches que se vendan deberán ser eléctricos. En 2030, la cuota deberá ser ya entre 50% y el 60%. Y "no debería venderse ningún vehículo con motor de combustión interna a partir de 2040", señala el estudio.

Puntos de recarga

Para descarbonizar el transporte de pasajeros, la consultora estima que se necesitan entre 6.000 y 11.000 millones de euros de inversión hasta 2030, lo que supone de media unos 650 millones al año. Este dinero se emplearía en incentivos, para hacer más atractivos los vehículos limpios, y en crear una red de recarga.
La falta de una infraestructura de recarga es una de las principales trabas para la implantación de los coches eléctricos. Actualmente, detalla el informe, en España hay solo 1.700 postes de recarga en la vía pública, frente a los 18.000 de Holanda y los 7.000 de Noruega. El objetivo sería llegar en España a los 4.000 en 2020, los 45.000 en 2025 y los 80.000 en 2030. El informe también establece objetivos de electrolineras rápidas y semirrápidas, actualmente casi inexistentes en España; en 2020 debería haber unas 11.000 y 45.000 en 2025.

Incentivos

La falta de incentivos es otra de las trabas a la implantación de estos coches en España. Sin tener en cuenta las ayudas públicas, los vehículos eléctricos son en nuestro país entre un 5% y un 24% más caros que los convencionales. En los países con una apuesta clara por este tipo de movilidad, esa brecha se soluciona con las ayudas públicas. "Considerando los incentivos, un vehículo eléctrico utilitario en 2015 era entre un 15% y un 27% más económico en Noruega y Holanda que un vehículo convencional comparable", señala el informe. En Noruega, el 23% de los turismos que se venden cada año son ya eléctricos.
Sin embargo, los incentivos en España han sido casi inexistentes, si se comparan con otros países. "Todos los planes de incentivos desde 2009 para vehículos eléctricos apenas llegan a 40 millones acumulados", señala el informe. Además, "las ayudas se han agotado antes de la finalización del ejercicio creando incertidumbre". Esos 40 millones desde 2009 no representan nada si se compraran, por ejemplo, con las ayudas a los convencionales. "Los planes PIVE han tenido una dotación económica de alrededor de 1.200 millones desde 2012".

Restricciones a los convencionales

En el informe también se plantean recomendaciones para hacer más atractiva la compra de los vehículos limpios. Por ejemplo, "que los vehículos convencionales no puedan circular por el centro de las ciudades a partir de 2025". Es una medida que ya están planteando grandes ciudades del mundo. Barcelona, por ejemplo, acaba de anunciar el veto a los coches más antiguos, y por lo tanto más contaminantes, a partir de 2019.
También se plantea que los incentivos se dirijan "a los segmentos más relevantes del mercado, no solo a usuarios particulares, sino también a vehículos de flotas o usuarios profesionales". Y que se den "facilidades" como el "acceso a aparcamiento en el centro de las ciudades, aparcamiento gratuito, carriles prioritarios...". Y el informe propone "mecanismos de mandato y control". "Alemania, Noruega y Holanda están ya discutiendo la prohibición de ventas de vehículos convencionales en 2025-2030", se añade.

Transporte de mercancías

Otro ámbito importante en el que habría que actuar es en el transporte de mercancías. Por un lado, el informe de Monitor Deloitte propone que en 2030 entre el 15% y el 20% del tráfico total de mercancías se realice en España por ferrocarril eléctrico. Esa cuota tendría que llegar al 40% en 2050. Para ello, se requerirían inversiones de entre 10.000 y 17.000 millones de euros hasta 2030, es decir, unos 900 millones al año. En este caso, resalta Alberto Amores, no sería solo una cuestión de lucha contra el cambio climático, sino de competitividad de la economía española. "Hay que hacerlo sí o sí", dice sobre proyectos como el corredor mediterráneo. Y pone un ejemplo: "En el AVE nos gastamos 5.000 millones cada año".
En el informe también se plantea apostar por los camiones eléctricos ligeros. Y se marca el objetivo de llegar a un millón de estos vehículos en 2030. El aumento del transporte por ferrocarril y del camión eléctrico ligero "permitiría reducir un 50% las emisiones del transporte de mercancías en 2050", resalta Monitor Deloitte.

 

diumenge, 12 de març de 2017

"El discurs de la maternitat entregada s’ha de convertir en crítica social"

Article publicat a La Directa

Carolina del Olmo, autora de '¿Dónde está mi tribu?'

22/02/2017
El maig de l’any passat, les declaracions de la diputada de la CUP-CC Anna Gabriel sobre el seu desig de criar la mainada en tribu van aixecar polseguera. Segurament, Gabriel havia llegit ¿Dónde está mi tribu?, un llibre sobre maternitat i criança que planteja la necessitat de tornar a socialitzar una de les tasques més dures i que impliquen més responsabilitat, però, tot i així, bastant desvaloritzada pel sistema. Del Olmo, mare de tres fills, filòloga i directora de Cultura del Cercle de Belles Arts de Madrid, critica la literatura sobre maternitat i criança que, tant des del vessant que ha privilegiat els límits i el control sobre l’infant com des del que posa els desitjos de la canalla en primer lloc, s’ha dedicat a tutoritzar les persones adultes (i especialment les dones) advertint-les del que passarà si no segueixen les seves receptes. Davant d’aquestes lectures, l’escriptora proposa tornar a adoptar una mirada contextualitzada dels diferents tipus de maternitat tenint en compte les condicions concretes de vida en les quals hem d’educar actualment i compartir les cures.
/ DAVID FERNÁNDEZ

Encara s’està revisant el mandat social de tenir criatures?
El feminisme ha estat plantejant aquest tema des de la segona onada del moviment de dones; és cíclic. Crec que la pressió més forta és la que et diu: treballa-guanya diners-consumeix; la del cap de personal que et mira amb sospites si tens 30 anys i no et contracta perquè potser decideixes tenir un fill.

En aquest context, és realista defensar la criança amb afecte?
Hi ha grups o literatura partidària d’una criança entregada en temps que sembla desestimar i oblidar les servituds que imposa l’economia: la necessitat de guanyar un salari. També és veritat que la criança amb afecte ha aconseguit emmotllar-se al que hi ha i defensa que, si s’ha d’anar a treballar, hi ha maneres de no deixar de donar el pit o de fer collit. Ho tindria fàcil: necessitem que els nens siguin molt estimats i cuidats, nosaltres volem fer-ho i ens queixem d’aquest sistema econòmic, de les jornades laborals, les hores extres no pagades i els salaris de misèria. Hi ha una part d’aquest discurs que s’adreça a les mares –i que a vegades elles reprodueixen– que dóna una sèrie de consells sense tenir en compte si els seguirà algú que viu en una casa estupenda o algú que habita un pis sense llum. Hi hauria d’haver molta més consciència de la diferència social i de classe, que no pot implicar la mateixa mena de criança.

Però, actualment, el fet de dedicar-se a les cures implica deixar la vida laboral.
Sí; tal com està plantejat, quedar-se a casa cuidant és molt semblant a retirar-se de la societat. Jo entenc que, des d’un punt de vista feminista clàssic, és difícil no defensar que una dona ha de ser independent econòmicament, però no cal que se l’obligui a romandre al mercat laboral tota la vida. Segurament és més útil la remuneració de les cures o la renda bàsica. El mercat laboral no és cap alliberament; tenint en compte el nivell d’atur que hi ha i la pobresa concentrada en les dones, continuar fingint que és necessari treballar no té massa sentit. Això és el que més em molesta d’alguns feminismes: no han sabut imaginar altres maneres de mantenir la independència econòmica de la dona que no passin per la feina assalariada.

Vostè defensa la resocialització de la maternitat davant els dos enfocaments imperants, la reclusió neoromàntica o emmotllar-se a la lògica del mercat.
Sí, perquè hi ha una tendència a considerar la maternitat com un fet privat. És veritat que l’Estat, l’Església i molta altra gent han volgut intervenir en els cossos de les dones i els seus drets en el moment de parir. Calia treure les institucions dels cossos de les dones. Però aquest discurs ha col·laborat a reforçar aquesta mena de privatització de la maternitat, aquesta concepció de la maternitat com una cosa que les dones encaixen en el seu temps lliure com poden. Això ha desencadenat aquest sistema, que gira l’esquena a la realitat de les cures. Resocialitzar la maternitat, doncs, implicaria adonar-se que no és un fet individual, sinó un fet social de primer ordre, i que necessita una arquitectura institucional que avui dia no funciona.

Com podria funcionar?
Cal articular mesures que tinguin en compte les diferències entre unes i altres maternitats: classe social, economia... La maternitat ha de sortir d’aquell àmbit claustrofòbic que se cenyeix a tot el que passa entre la mare i el seu bebè i s’ha de discutir en termes generals. Què passa amb les mares a la feina? I a les escoles, les llars d’infants i els espais de cura tancats?

En última instància, les cures són una despesa social no reconeguda. Les haurien d’assumir les empreses privades?
És fonamental revaloritzar les tasques de cura i permetre que la gent que es dedica a això visqui bé realment. La idea del salari domèstic, molt denigrada per alguns sectors del feminisme, no és tan dolenta; crec que podria funcionar bé. A la vegada, hi hauria d’haver una política activa pel repartiment de les cures; no podem continuar sent les dones qui s’hi dedica quasi en exclusivitat. L’articulació d’això ha de ser institucional: apujar impostos a les empreses grans, tenir quotes selectives de la seguretat social (que serveixen per recaptar diners que es destinin a finançar cures) o implicar les empreses directament poden ser algunes opcions.