dilluns, 30 de març de 2015

¿Cuánto nos va a costar salvar a Europa?

Article  publicat al  blog  Mediapart
i posteriorment traduït a l'anglès i prologat a Green European Journal

El Plan de inversiones del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker  con el que  quiere impulsar   la economía europea,  propone soluciones basadas en la suposición obsoleta de que el crecimiento,  en términos de construcción de grandes proyectos de infraestructuras,  es el camino a seguir. Un   enfoque más imaginativo de  mirar el futuro  poniendo  el bienestar y la sostenibilidad en el centro de un ambicioso plan a largo plazo, podría  hacer mucho mas brillante  esta visión  del futuro económico  europeo.

¿Cuánto nos va a costar  salvar a Europa? Esa es la pregunta del  millón. El número mágico que Super Mario (Draghi), el "ilícito emperador de Europa"*, se  ha sacado del sombrero, 700 mil millones de euros,  ha sido  el resultado de sumar  todos los planes elaborados por cada una de las  familias políticas europeas  como parte de su respuesta a la "plan de Juncker," un plan más modesto pero mucho mas pregonado y anunciado por la Comisión el pasado mes de noviembre. Bienvenida; esta  iniciativa de un plan de inversión masiva para estimular la economía europea habrá tenido al menos el  mérito de  desatascar  las cañerías del Banco Central Europeo y los gobiernos nacionales. Aunque muy diferentes en su naturaleza, todas estas iniciativas responden hoy en día a un diagnóstico compartido por todos  , incluso los ecologistas:  la dramática falta de inversión en Europa.

Ciertamente, las políticas de austeridad sin sentido que se han implantado en el transcurso de los últimos cinco años no han ayudado ya que han agotado todas las fuentes de financiación. Pero el déficit de inversión no es un problema de falta de dinero. Hay una gran cantidad de dinero  que languidece en las cañerías por falta de condiciones adecuadas sobre el terreno o por falta de interlocutores locales para materializarse en edificios e infraestructuras. La inversión no es simplemente una cuestión de contabilidad o una cuestión administrativa. Es ante todo una apuesta de  futuro  que, a su vez, requiere una visión optimista. Eso supone  un perspectiva deseable,  tangible y comprensible para la mayoría de la gente para quien el único sentido que tiene la economía es su capacidad para  proporcionar  alguna forma de emancipación.

Cuando uno examina  las propuestas formuladas por los gobiernos nacionales de las que se seleccionarán los "doce proyectos de Jean-Claude" solo puede sentir consternación por  la obsolescencia de los proyectos a financiar. El desenfreno  del  hormigón, del hierro, de las carreteras mas o menos digitalizadas, centrales nucleares o de carbón; miles de presas Sivens en Rumania, adaptaciones de Roybon en Portugal, las versiones de gas de esquisto británicos de Notre Dame, Lyon-Turín en todas partes ... Muchos de los proyectos que tienen la pátina vintage  antes incluso de haber sido nuevo. Jean-Claude fue antes de haber sido. Esto es un poco duro.

Pero si estos proyectos,  algunos de ellos francamente útiles, no han visto nunca la luz  es, igualmente  porque no pueden ofrecer el futuro que  las sociedades europeas necesitan. ¿Qué puede hacer el mas moderno de los aeropuertos  o el  mas gigantesco centro comercial cuando lo que la gente realmente quiere es mejorar la calidad de vida, más solidaridad y el sentimiento de comunidad, compartidos? "miseria  del materialismo", cuando, además, está desconectado de su significado histórico.

En efecto, uno tiene instintivamente la sensación que está totalmente  pasado de moda invirtiendo en una realidad económica que se ha quedado atascada en el tiempo, en la década de 1960, atrapada en un imaginario de crecimiento conquistador. Sin embargo, ese es precisamente el argumento del plan Europeo de Inversiones. Además del truco que convierte mágicamente 1 € a 15 €, de acuerdo con un multiplicador que recuerda el milagro  de los  panes y los peces de Jesús, el plan tiene como objetivo recoger elefantes blancos ligeramente repintados de rosa (digital, nano), la historia de hacerse propaganda.

Y esto, por desgracia, nos lleva a Francia y  a sus debates de posicionamiento  estériles  especialmente en lo que se refiere a la política económica. El proyecto de ley Macron es un nuevo  y decepcionante ejemplo más del calado del déficit que tenemos y que crece tan rápidamente  como la deuda nacional: el déficit de creatividad, sin duda un  producto todavía mas raro que la franqueza en el paisaje de la  política actual.

Para seguir con la ortodoxia económica contemporánea, faltaría todavía un rehén típicamente francés: el crecimiento. Al igual que con los  rehenes reales, nadie sabe exactamente donde ni porqué se detuvo. Sin embargo, tenemos una idea bastante clara de quienes son  los secuestradores: sindicatos, organizaciones laborales, la burocracia, los ecologistas de todo tipo, asociaciones, zadistas** que condenan el hormigonado de rondas... todos ellos  " conspiradores de la inacción ", "que ahuyentar al crecimiento sacrosanto e impiden  que venga para repartir el botín. Esperando con el mismo fervor  el regreso del Mesías,  este fantasma de la era del productivismo  teme más que nada una cosa: los "grilletes " de los derechos sociales, ambientales y fundamentales.

Los gobiernos e instituciones de Europa no cesan de reiterar su compromiso con el crecimiento, como un conjuro religioso. Atreverse a proferir "el final del crecimiento" es equivalente a la advertencia del Infierno de Dante: "
« Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate » " ("abandonar toda esperanza, vosotros  los que entráis") porqué  el crecimiento es el idioma de la esperanza, el equivalente de un Evangelio, con la promesa de redención y la recompensa eternas.  Al igual que  cuando uno habla de fe,  tiene el riesgo de de ser contestado con los hechos. Galileo puede dar fe de ello. Por tanto  el crecimiento realmente existe, bien presente entre nosotros: entre 1974 y 2004, la economía francesa duplicó su tamaño, es decir, tuvo un crecimiento del 100%. En el mismo período de tiempo, el desempleo se triplicó (de 3 a 10%) y el número de personas que viven en la pobreza apenas se redujo en un 10% ...Bienvenido a las trente piteuses (30 lamentables años)***.
El problema no es una cuestión de contabilidad, ni tan solo económica. Cualesquiera que sean las convicciones materialistas de los que se pretenden científicos, la economía de una región, un país, una industria o un hogar,  no se puede resumir en una simple agregado contable de unidades producidas  o de  horas trabajadas. La economía es una imagen del mundo, una representación de los recursos disponibles, las necesidades a cubrir y los deseos a colmar. Una representación de lo que es necesario, útil, conveniente, superfluo e insignificante. Una  relación con el tiempo, el esfuerzo, el mérito, y el prójimo. La hormiga y la cigarra no son más que  unas de las numerables  facetas de la economía.

Uno de los más grandes economistas de la historia recordó este hecho en casi cada una de las líneas de su obra siempre actual: el resorte principal de nuestros cálculos  y previsiones más o menos sabios es un conjunto de datos  difícil de cuantificar a los que llamamos "psicología". Ya se trate de la psicología individual o colectiva se refiere, ante todo, a la  representación del mundo.

Hoy en día, con la excepción de unas pocas regiones menos desarrolladas, la mayoría de nuestras certezas se han vertido en los últimos bloques de hormigón del gigantismo industrial: grandes proyectos inútiles e impuestos,  la estación de Stuttgart, las centrales de Mielno, Paks o Temelin, la economía  extractiva destructiva de la agroindustria patógena , la  petroquímica venenosa o  la sobrepesca industrial.

Las aspiraciones  de los europeos son otras, mas complejas: la presión insoportable del desempleo masivo de ninguna manera garantiza que los desempleados van a aceptar  espontáneamente  llamar a la puerta de una fábrica repatriada a China o Vietnam o a sacrificar su entorno de vida en aras al gas de esquisto o a las arenas bituminosas.

La cuestión central  es la de la  libertad ya que no se trata  tanto de tener un “trabajo”  (que generalmente restringe la libertad de uno), sino más bien de tener "una manera de ganarse la vida."
Es en la sociedad donde tenemos que invertir: en desigualdad, redistribución, educación,  gestión de la tierra, comunidades rurales, agricultura no productivista, infraestructura colectiva y de telecomunicaciones, innovación social, innovación tecnológica e investigación básica. En resumen, tenemos que invertir en un mundo mejor.

¿En el 68 querían la imaginación al poder? Nosotros queremos invertir en la imaginación.
Hoy en dia  estamos sometidos a la dictadura de los administradores: incluso Tsipras, la nueva estrella de la Europa radical , nos hace el papel  de Visconti en el texto, adornando  la socialdemocracia de una virginidad revolucionaria muy al estilo de  Mitterand.

Cuando nuestra fe en las canciones que hablan del mañana se ha secado y lo único que queda es el gran mercado único, la socialdemocracia o el Rotary Club como lugar para soñar, es absurdo que nos sorprendamos de  que cierta  juventud  desconteta caiga en  las trampas adulteradas de todos los reclutamientos  identitarios.  Después de una generación que está de vuelta de todo es el momento de que una nueva generación se embarque hacia  alguna parte. Y eso va a requerir más imaginación que la que todos los Junckers y Macrons de Europa juntos  lleguen a tener.

* Ver L’empereur illicite de l’Europe, au cœur de la Banque centrale européenne, by Jean-François Bouchard (Auteur) – Essai (broché), 01/2014
** "Zones a defendre" (ZAD, de ahí el nombre de "zadistes") incluyen los ecologistas, por supuesto, pero también anarquistas, anticapitalistas, locales ultra-izquierda radical o militantes de la zona que vienen  a echar una mano.
*** Trente piteuses hace referencia al periodo europeo, también  francés, que abarca las décadas de vacas flacas: 1980, 1990, 2000, 2010, en contraste con las décadas de vacas gordas (treinte glorieuses): 1950,1960,1970

Traducció N.C. 

divendres, 27 de març de 2015

Compartir el cielo

Article publicat a El País

La activista Naomi Klein alerta en su nuevo libro, 'Esto lo cambia todo. El capitalismo contra el clima', sobre lo que puede suceder si no tomamos ya medidas contra el cambio climático. Ofrecemos aquí un extracto del capítulo dedicado a la polución atmosférica


Vista aérea de Shanghai cubierta por una bruma de contaminación. / ZIGOR ALDAMA


Durante mi primera visita a la reserva de los cheyenes del norte, se planteó con frecuencia la cuestión de cómo financiar la economíasaludable por la que los activistas anticarbón estaban luchando. Lynette Two Bulls (Dos Toros), que dirige una organización que enseña a los jóvenes cheyenes la historia de su tribu, me comentó que había oído hablar de algo realmente interesante que estaban haciendo en Ecuador. Se refería al llamamiento que habían hecho desde allí a la comunidad internacional pidiéndole que pagara una compensación al país a cambio de no extraer el petróleo del subsuelo de la selva de Yasuní para que el dinero así obtenido financiase programas sociales y una transición hacia energías limpias. Aquello parecía ser justamente lo que se necesitaba en su reserva y ella quería conocer más sobre aquella iniciativa. Si Ecuador podía recibir una compensación por mantener su petróleo en el subsuelo, entonces ¿por qué no podían ser compensados los cheyenes del norte por actuar igualmente como conservadores del carbono impidiendo la explotación de sus reservas de carbón?
Aquella era una muy buena pregunta y el paralelismo entre ambas situaciones era ciertamente llamativo. El parque nacional de Yasuní es una extraordinaria extensión de selva ecuatoriana en la que viven varias tribus indígenas y un número incalculable de animales raros y exóticos (basta con pensar que alberga casi tantas especies distintas de árboles en una hectárea como el total de especies arbóreas nativas del conjunto de América del Norte). Y bajo esa profusión de vida, yacen un total estimado de 850 millones de barriles de crudo, valorados en unos 7.000 millones de dólares. Consumir todo ese petróleo —y talar la parte correspondiente de selva para extraerlo— añadiría unos 547 millones de toneladas adicionales de dióxido de carbono a la atmósfera. Pero, claro está, las grandes petroleras quieren su parte de ese pastel.
Por eso, en 2006, la organización Acción Ecológica (la misma que había formado anteriormente una alianza con el movimiento contrario a la extracción petrolera en Nigeria) presentó una contrapropuesta: el Gobierno ecuatoriano debía acceder a no vender el petróleo, pero debía con- tar también para ello con el apoyo de la comunidad internacional, pues todos nos beneficiaríamos colectivamente de una medida que permitiría conservar la biodiversidad y evitar que se liberasen a la atmósfera que todos compartimos gases que calientan el planeta. En definitiva, Ecuador debía ser compensado parcialmente por los ingresos perdidos por no extraer ese petróleo. Tal como explicó entonces Esperanza Martínez, presidenta de Acción Ecológica, la "propuesta establece un precedente al basarse en el argumento de que los países deberían ser recompensados por no explotar su petróleo. [...] Los fondos así reunidos serían usados para fomentar la transición energética [hacia las renovables] y podrían ser concebidos también como pagos por la deuda ecológica que el norte tiene contraída con el sur, y distribuidos democráticamente en los niveles local y global". Además, según ella misma escribió, seguramente "la manera más directa de reducir emisiones de dióxido de carbono es dejando los combustibles fósiles en el subsuelo, donde ya están".
El plan para Yasuní se fundamentaba en la premisa de que Ecuador, como todos los países en vías de desarrollo, no ha cobrado aún la deuda que le corresponde por la gran injusticia inherente al cambio climático; es decir, por el hecho de que los países ricos hayan usado ya para sí la mayor parte de la capacidad de la atmósfera para absorber CO2 dentro de unos niveles mínimamente seguros antes de que los países en desarrollo tuvieran la oportunidad de industrializarse. Y puesto que el mundo entero se beneficiaría de mantener ese carbono en el subsuelo (ya que esa medida contribuiría a estabilizar el clima global), no es justo esperar que Ecuador, un país pobre cuya población ha contribuido muy poco a crear la crisis climática actual, soporte la carga económica que le supone renunciar a esos petrodólares potenciales. Esa carga debería ser compartida con Ecuador por los países más industrializados, que son también los que más responsabilidad tienen por la escalada histórica en las concentraciones de carbono atmosférico. Por lo tanto, no se trata de un acto de beneficencia. Si los países ricos no quieren que otros, más pobres, salgan de la pobreza siguiendo el mismo camino "sucio" que siguieron ellos, corresponde a los Gobiernos del norte correr con buena parte de los gastos que eso supone.
plantación de trigo en Rumanía. / BOGDAN CRISTEL (REUTERS)
Esta, desde luego, es la lógica fundamental en la que se basan quienes defienden la existencia de una "deuda climática", que es el mismo argumento que la negociadora boliviana Angélica Navarro Llanos me había expuesto en Ginebra en 2009, y con el que me había ayudado a ver que el cambio climático podía ser un factor catalizador para atacar la desigualdad en su raíz misma: la base para un Plan Marshall para la Tierra. El cálculo matemático que justifica ese argumento es bastante simple. Como ya se ha comentado aquí, el cambio climático es el resultado de unas emisiones acumuladas: el dióxido de carbono que emitimos se queda en la atmósfera durante un tiempo aproximado de entre uno y dos siglos, y una parte del mismo permanece en el aire durante un milenio o incluso más tiempo. Y dado que el clima está cambiando como consecuencia de doscientos y pico años de emisiones acumuladas de ese tipo, los países que han estado propulsando sus economías a base de combustibles fósiles desde la Revolución Industrial han contribuido mucho más a que las temperaturas aumenten que aquellas otras naciones que se han incorporado al juego de la globalización desde hace apenas un par de décadas. Los países desarrollados, que representan menos del 20% de la población mundial, han emitido casi el 70% de toda la contaminación por gases de efecto invernadero que está desestabilizando actualmente el clima. (Estados Unidos, con menos del 5% de la población global, contribuye actualmente en torno al 14% del total mundial de emisiones carbónicas).
Y aunque algunos países en vías de desarrollo como China y la India arrojan grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera (cantidades que van rápidamente en aumento, además), no se los puede responsabilizar por igual del coste de la operación de limpieza pendiente, según el argumento de la deuda climática, porque han aportado solo una pequeña parte de la polución que, acumulada a lo largo de doscientos años, ha causado la crisis. Además, no todo el mundo necesita quemar carbono para la misma clase de fines. En la India, por ejemplo, unos 300 millones de habitantes no tienen aún acceso a la red eléctrica. ¿Le corresponde a ese país, entonces, el mismo grado de responsabilidad a la hora de recortar sus emisiones que, por ejemplo, a Gran Bretaña, que lleva acumulando riqueza y emitiendo niveles industriales de dióxido de carbono desde que James Watt presentó su exitosa máquina de vapor en 1776?
¿Le corresponde a un país en desarrollo el mismo grado de responsabilidad a la hora de recortar sus emisiones que a Gran Bretaña, que lleva acumulando riqueza y emitiendo niveles industriales de dióxido de carbono desde  1776?
Desde luego que no. Por eso 195 países (incluido Estados Unidos) han ratificado desde 1992 la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, un documento en el que se consagra el principio de la existencia de unas "responsabilidades comunes pero diferenciadas. Eso significa básicamente que todo el mundo tiene la responsabilidad de participar en la solución al problema del clima, pero que los países que hayan emitido más a lo largo del pasado siglo deben ser los primeros en reducir sus emisiones y deben ayudar también a financiar el cambio hacia modelos de desarrollo limpio en otros países más pobres.
Pocos discuten que el de la deuda climática es un argumento que tiene la justicia y el derecho internacional de su parte. Aun así, la iniciativa lanzada desde Ecuador para poner ese principio en práctica en su selva ha topado con tremendas dificultades que muy posiblemente la condenarán al fracaso. Una vez más, tener la razón y tener el derecho no bastarán para cambiar la actitud de los ricos y los poderosos.
En 2007, el Gobierno de centro-izquierda de Rafael Correa hizo suya la propuesta sobre Yasuní y la defendió (aunque brevemente) en la escena internacional. Dentro de Ecuador, la iniciativa Yasuní-ITT, como se conoce allí ese plan (por las iniciales de los codiciados yacimientos de Ish- pingo, Tambococha y Tiputini, situados dentro del parque), se convirtió en una llamada a la movilización popular en torno a una idea de desarrollo económico real que no obligaría a sacrificar una de las partes más queridas y valoradas del país. Según un sondeo de opinión de 2011, un 83% de los ecuatorianos estaba a favor de que no se extrajera el petróleo del subsuelo de Yasuní, cuando en 2008 quienes opinaban así representaban solo un 41% de la población, lo cual indica con qué rapidez un proyecto transformador puede cautivar la imaginación popular. Pero las contribuciones procedentes de los países desarrollados para ese fin se hicieron esperar demasiado (solo 13 millones de dólares recaudados de un objetivo total estipulado en torno a los 3.600 millones) y, en 2013, Correa anunció que iba a autorizar el inicio de las perforaciones petrolíferas en la zona.
De todos modos, los partidarios locales del plan no se han rendido todavía y la marcha atrás dada por Correa ha abierto un nuevo frente para Blockadia. Los manifestantes y activistas que se oponen a las perforaciones han sufrido ya arrestos y los impactos de los proyectiles de goma, y es probable que, si no se llega a una solución política, los miembros de los grupos indígenas terminen resistiéndose con sus propios cuerpos a la extracción en sus tierras. Mientras tanto, en abril de 2014, una coalición de diversas ONG y asociaciones de ciudadanos recogió más de 750.000 firmas solicitando que la cuestión se sometiera a un referéndum nacional (en el momento de la publicación del presente libro, parecía que Correa estaba decidido a bloquear esa votación y a que prosiguieran las perforaciones). Tal como Kevin Koenig, director del programa de Amazon Watch para Ecuador, escribió en el New York Times, "aunque al Gobierno habrá que pedirle también responsabilidades", la culpa de todo esto no es únicamente de Correa. "Que la iniciativa Yasuní-ITT naciera ya muerta es un fracaso compartido".
Este revés es, además, una especie de microcosmos del fracaso en general de las negociaciones internacionales sobre el clima, que se han estancado una y otra vez en torno a la cuestión central de si la acción climática debería reflejar de algún modo la historia del qué y quiénes han creado la crisis. ¿La consecuencia de todo ello? Las emisiones continúan disparándose muy por encima de niveles mínimamente seguros y todo el mundo sale perdiendo, pero los más pobres son quienes primero (y más) pierden.
Leshan, en la provincia china de Sichuan, donde esta imagen de contaminación ya se ha convertido en lo habitual. Lo raro es ver el sol. / ZIGOR ALDAMA
Ya no podemos, pues, darnos más por vencidos a la hora de buscar y aplicar soluciones reales como la primera (y ciertamente imaginativa) que se propuso para salvar Yasuní. Como con el caso de los derechos indígenas sobre sus tierras, si los Gobiernos no están dispuestos a estar a la altura de sus responsabilidades nacionales e internacionales, entonces tendrán que ser los movimientos populares quienes intervengan para llenar ese vacío de liderazgo y para dar con métodos e ideas que cambien la actual ecuación de poder.
Como de costumbre, la derecha entiende mejor esto que la izquierda y, por ello, la tropa del negacionismo climático se dedica sistemáticamente a denunciar que lo del calentamiento global es una conspiración socialista para redistribuir riqueza (a Chris Horner, socio principal del Compe- titive Enterprise Institute, le gusta decir que los países ricos están siendo "extorsionados" por los pobres). La deuda climática no es ninguna extorsión, pero el cambio climático, si se afronta de lleno y verdaderamente en serio, suscita temas ciertamente espinosos en referencia a lo que los habitantes del mundo rico debemos a los países situados actualmente en los frentes de batalla de una crisis que ellos bien poco contribuyeron a crear. Al mismo tiempo, a medida que las élites de países como China y la India se van volviendo cada vez más derrochadoras, tanto en su consumo como en sus emisiones, las categorías tradicionales de diferenciación entre norte y sur van perdiendo su anterior estanquidad y empiezan a plantearse interrogantes igualmente peliagudos a propósito de las responsabilidades de los ricos y de los derechos de los pobres sea cual sea el país o el lugar del mundo en el que vivan esos ricos y esos pobres. Y es que si no afrontamos todas estas cuestiones, no podremos albergar ninguna esperanza de poner esas emisiones bajo control allí donde más trascendental será que lo estén.
Como ya hemos visto, las emisiones en América del Norte y Europa tienen todavía que reducirse considerablemente, pero, gracias en gran medida a la externalización y la deslocalización de la producción industrial que la actual era de liberalización comercial ha hecho posible, han dejado básicamente de aumentar. Ahora son las economías en vías de desarrollo del Sur Global —con China, la India, Brasil y Sudáfrica a la cabeza— las principlaes responsables del fuerte ascenso de las emisiones en los últimos años y de que estemos acercándonos velozmente a puntos de inflexión decisivos mucho antes de lo esperado.
Las emisiones continúan disparándose muy por encima de niveles mínimamente seguros y todo el mundo sale perdiendo, pero los más pobres son quienes más pierden
La razón de este desplazamiento de la fuente principal de las emisiones tiene mucho que ver con la espectacular eficacia con la que las grandes empresas multinacionales han conseguido globalizar el modelo económico basado en el consumo elevado del que fueran precursores los países occidentales ricos. El problema es que la atmósfera ya no puede soportar más. Tal como explicaba en una reciente entrevista la física atmosférica y experta en mitigación Alice Bows-Larkin, "el número de personas que vivieron directamente la industrialización la primera vez es como una gota en medio del océano comparado con el número de personas que están viviendo directamente la industrialización en estos momentos". Y si el consumo energético de China y la India termina imitando el modelo estadounidense, "acabaremos todos sumergidos bajo más de un metro de agua", por citar las palabras que el propio presidente Obama pronunció al respecto a finales de 2013.
La cierto es que no seremos nosotros quienes perderemos o venceremos la verdadera batalla en este terreno. Esta es una lección de humildad que las culturas acostumbradas a asumir que nuestras acciones determinan el destino del mundo tenemos que aprender. Quienes de verdad la vencerán o la perderán son aquellos movimientos del Sur Global que están librando sus propias luchas desde la órbita de Blockadia y que reclaman sus propias revoluciones en pos de la energía limpia, sus propios empleos verdes, y el mantenimiento de sus propias reservas de carbono en el subsuelo, donde están ahora. Y que se enfrentan a fuerzas poderosas dentro de sus propios países, unas fuerzas que insisten en que ahora "les toca" a esos Estados contaminar para alcanzar su propia prosperidad y en que no hay nada que importe más que el crecimiento económico. De hecho, muchos gobiernos del Sur Global, escudándose en que sería flagrantemente injusto esperar que fuesen los países en vías de desarrollo quienes soportasen el grueso del esfuerzo que corresponde al conjunto de la humanidad para evitar la catástrofe climática, han eludido hasta el momento sus propias responsabilidades.
Industria altamente contaminante y centrales térmicas anticuadas, como estas de la ciudad de Hailar, en la frontera con Rusia, están en el origen de gran parte de los males medioambientales de China. / ZIGOR ALDAMA
Por ese motivo, si aceptamos las pruebas científicas que nos indican que necesitamos actuar rápido para impedir un cambio climático de proporciones catastróficas, es lógico que centremos nuestra acción allí donde pueda tener una mayor repercusión. Y ese "allí" es claramente el Sur Global. Por citar solamente un ejemplo: aproximadamente un tercio de todas las emisiones de gases de efecto invernadero proceden de los edificios (concretamente, de calentarlos, enfriarlos e iluminarlos). Está previsto que el parque de viviendas en la región del Pacífico asiático crezca en un espectacular 47% desde ahora hasta 2021, y que, al mismo tiempo, se mantenga relativamente estable en el mundo desarrollado. Eso significa que, si bien aumentar la eficiencia energética de los edificios existentes es importante con independencia del lugar donde vivamos, nada importa más en ese terreno que ayudar a garantizar que las nuevas edificaciones en Asia se construyan cumpliendo con los criterios más exigentes de eficiencia, porque, si no, estamos condenados todos (el norte, el sur, el este y eloeste) a sufrir las consecuencias de un crecimiento catastrófico de las emisiones.

Inclinar la balanza

De todos modos, es mucho lo que se puede hacer también en el norte industrializado para ayudar a inclinar la balanza de fuerzas hacia un modelo de desarrollo que no descanse sobre el crecimiento sin fin ni sobre los combustibles sucios. Luchar contra la instalación de oleoductos y de terminales para la exportación desde donde se enviarían grandes cantidades de combustibles fósiles hacia Asia es uno de los ingredientes del cóctel mundial del activismo climático. También lo es la lucha contra la aprobación de nuevos acuerdos de liberalización comercial internacional, o poner freno a nuestro exceso de consumo unido a una "relocalización" sensata de nuestras economías, ya que gran parte del carbono que se quema en la industria china es para fabricar muchas de esas cosas inútiles que nosotros compramos.
Pero la más potente palanca que nos permitirá activar el cambio en el Sur Global es la misma que también se necesita en el Norte Global. Me refiero al surgimiento de alternativas positivas, prácticas y concretas al de- sarrollo sucio que no obliguen a los habitantes locales a escoger entre mejores niveles de vida y extracción tóxica. Porque, si el carbón sucio va a ser la única solución que los habitantes de la India tengan a su alcance para hacer llegar la luz eléctrica a sus casas, será así como generarán su electricidad. Y si el transporte público es un desastre en Delhi, cada vez más personas seguirán optando por desplazarse en sus automóviles privados en esa ciudad (como en otras).
Y existen alternativas. Existen modelos de desarrollo que no requieren de una estratificación acusada de la riqueza, ni de trágicas pérdidas culturales, ni de procesos de devastación ecológica. Como en el caso de Yasuní, hay movimientos en el Sur Global que están luchando con denuedo por impulsar esos modelos alternativos de desarrollo: políticas que harían llegar la electricidad a un gran número de personas mediante energías renovables descentralizadas y que revolucionarían el tráfico urbano para que el transporte público fuese mucho más deseable que los coches particulares (de hecho, como ya se ha comentado, en Brasil ha habido incluso disturbios reclamando la gratuidad del transporte público). Una propuesta que recibe una atención cada vez mayor es la de la implantación de una "tarifa global de introducción" mediante la creación de
un fondo (administrado internacionalmente) de apoyo a las transiciones hacia las energías limpias en cualquier lugar del mundo en vías de desarrollo. Los arquitectos de este plan —el economista Tariq Banuri y el experto en clima Niclas Hällström— calculan que, con una inversión anual de unos 100.000 millones de dólares durante entre 10 y 14 años "podría conseguirse que 1.500 millones de personas accedieran por fin a la energía eléctrica, al tiempo que se darían una serie de pasos decisivos hacia un futuro de energías renovables a tiempo de impedir que todas nuestras socie- dades sufran una catástrofe climática".
Sunita Narain, directora general de una de las organizaciones ecologistas más influyentes de la India, el Centre for Science and Environment (con sede en Nueva Delhi), recalca que la solución no pasa por que el mundo rico contraiga sus economías permitiendo al mismo tiempo que el mundo en desarrollo contamine desaforadamente para alcanzar su propia prosperidad (suponiendo que eso fuera posible), sino por que los países en vías de desarrollo se "desarrollen de un modo diferente. No queremos contaminar primero y limpiar después. Así que necesitamos dinero y necesitamos tecnología para poder hacer las cosas de manera distinta". Y eso significa que el mundo rico debe saldar sus deudas climáticas.
Cascotes de hielo desrritiéndose en Groenlandia en 2009. / NICK COBBING (GREENPEACE)
Aun así, financiar una transición justa en esas economías que hoy se desarrollan a gran velocidad no ha sido nunca una prioridad de los activistas del norte. De hecho, muchas de las grandes organizaciones del ecologismo convencional en Estados Unidos consideran que el concepto mismo de "deuda climática" es una idea tóxica desde el punto de vista político, ya que, a diferencia de otros argumentos más típicos (como el de la "seguridad energética" o los "empleos verdes") —que presentan la acción climática como una carrera contrarreloj que los propios países ricos pueden ganar por su cuenta—, obliga a poner el énfasis en la importancia de la cooperación y la solidaridad internacionales.
Sunita Narain oye a menudo esa clase de objeciones. "Siempre me dicen (mis amigos estadounidenses, sobre todo) que [...] el de las responsabilidades históricas es un tema del que no deberíamos hablar. Que 'lo que mis antepasados hicieron no es responsabilidad mía', se justifican". Pero, como me comentó en una entrevista, esa tesis pasa por alto el hecho de que aquellas acciones pasadas influyen directamente hoy en por qué unos países son ricos y otros, pobres. "Vuestra riqueza actual guarda relación con cómo la sociedad ha explotado la naturaleza y la ha sobreexplotado. Esa es una deuda que hay que pagar. Esas son las cuestiones de responsabilidad histórica que tenemos que afrontar".
Estos debates guardan una gran similitud, claro está, con otras batallas en torno a la exigencia de reparaciones por daños pasados. En América Latina, por ejemplo, los economistas progresistas llevan mucho tiempo argumentando que las potencias occidentales tienen una "deuda ecológica" de siglos por la confiscación colonial de tierras y la extracción de recursos, y diversos Gobiernos nacionales de África y el Caribe han apelado en ocasiones concretas (entre las que destaca la Conferencia Mundial contra el Racismo celebrada en Durban, Sudáfrica, en 2001) a las reparaciones que se les debe por el tráfico transatlántico de esclavos. Tras haberse desvanecido un tanto tras la mencionada conferencia de Durban, esas reivindicaciones volvieron a ser noticia en 2013, cuando catorce naciones caribeñas se unieron para presentar una reclamación formal de reparaciones contra Gran Bretaña, Francia, los Países Bajos y otros países europeos que participaron en el comercio de esclavos. "Nuestro esfuerzo y nuestra búsqueda constantes de recursos para nuestro desarrollo están conectados directamente con la incapacidad histórica de nuestras naciones para acumular riqueza por culpa de los esfuerzos exigidos a nuestros pueblos durante los periodos de la esclavitud y el colonialismo", declaró Baldwin Spencer, primer ministro de Antigua y Barbuda en julio de 2013. Aquellas reparaciones tenían por objetivo, según dijo, romper las cadenas de la dependencia de una vez por todas.
El mundo rico hace caso omiso de esas reivindicaciones, que le parecen sacadas poco menos que de la prehistoria, y las trata con un desdén parecido al que el Gobierno estadounidense aplica a las peticiones de reparaciones que periódicamente lanza la comunidad afroamericana por haber sufrido la lacra de la esclavitud (peticiones y llamamientos que, en la primavera de 2014, se hicieron claramente más audibles gracias a la rompedora labor periodística de Ta-Nehisi Coates para la revista The Atlantic, con la que nuevamente se ha reavivado ese debate). Pero el argumento que justifica la existencia de una deuda climática es un poco diferente. Podemos debatir sobre el legado del colonialismo y podemos discutir largo y tendido sobre cuánto ha influido la esclavitud en el subdesarrollo contemporáneo. Pero los datos científicos sobre el cambio climático y sus conclusiones no dejan mucho margen para el desacuerdo. El carbono deja un rastro inconfundible tras de sí, que vemos hoy grabado en los corales y en las muestras de hielo. Podemos medir con precisión cuánto carbono podemos emitir colectivamente a la atmósfera y quién ha consumido qué parte de ese presupuesto disponible total durante los últimos doscientos años.
Estados Unidos, con menos del 5% de la población global, contribuye actualmente en torno al 14% del total mundial de emisiones carbónicas
Ahora bien, no es menos cierto que todas esas deudas ocultadas e ignoradas no están separadas las unas de las otras, sino que se comprenden mejor cuando las vemos como capítulos distintos de un mismo relato sin solución de continuidad. Fue el mismo carbón que contribuye a calentar el planeta el que suministró energía a las fábricas textiles y a las refinerías de azúcar de Manchester y Londres que necesitaban abastecerse de cantidades crecientes de algodón en rama y de caña de azúcar de las colonias, cultivados y cosechados en su mayor parte por mano de obra esclava. Eric Williams, historiador fallecido hace años y primer político que ejerció el cargo de primer ministro en la Trinidad recién independizada, formuló el conocido argumento de que la esclavitud subvencionó directamente el crecimiento de la industrialización en Inglaterra, un proceso que ahora sabemos que condujo inextricablemente al cambio climático. Los detalles de esas tesis de Williams han sido objeto de un acalorado debate durante décadas, pero su obra recibió un espaldarazo adicional en 2013, cuando un grupo de investigadores del University College de Londres publicó una base de datos con información sobre las identidades y las finanzas de los dueños británicos de esclavos a mediados del siglo XIX.
El proyecto de investigación que originó la mencionada base de datos estaba dedicado a explorar las circunstancias y las consecuencias relacionadas con el hecho de que, cuando el Parlamento británico votó a favor de la abolición de la esclavitud en las colonias de la Corona en 1833, se comprometió también a compensar a los dueños británicos de esclavos por las pérdidas en propiedades humanas que aquella medida les acarrearía: una especie de reparación "al revés" para los perpetradores de la esclavitud en vez de para sus víctimas. La compensación prometida se tradujo finalmente en pagos que ascendieron a un total de 20 millones de libras, una cifra que, segúnThe Independent, "representaba la friolera del 40 % del presupuesto de gastos anuales de la Hacienda pública británica, lo que, en términos actuales, calculado en función del valor de los salarios, equivaldría a unos 16.500 millones de libras". Gran parte de ese dinero fue a parar directamente a la inversión en infraestructuras (desde fábricas hasta redes de ferrocarril y barcos de vapor, alimentados todos ellos con carbón) de la Revolución Industrial, que para entonces iba viento en popa. Esas fueron, a su vez, las herramientas que auparon al colonialismo a un estadio sensiblemente más voraz, cuyas cicatrices son visibles aún hoy en día.
El carbón no creó una desigualdad estructural. De hecho, los buques que hicieron posible el comercio transatlántico de esclavos (y las primeras confiscaciones coloniales de tierras) se movían propulsados por el viento, y las primeras fábricas funcionaban gracias a la energía que les proporcionaban las norias de agua. Pero el carácter incesante y fácilmente previsible del carbón como fuente de energía sobrealimentó ese proceso y permitió que se extrajera fuerza de trabajo humana y recursos naturales a ritmos hasta entonces inimaginables, lo que puso los cimientos de la moderna economía global.
Y ahora sabemos que el robo no terminó en el momento en que se abolió la esclavitud, ni cuando se derrumbó por fin el proyecto colonial. De hecho, continúa aún, porque las emisiones de aquellos primeros buques de vapor y aquellas activas y estruendosas fábricas fueron el principio de la larga acumulación de carbono en la atmósfera. Así que otra forma de ver esta misma historia es considerar que, hace dos siglos, el carbón ayudó a las naciones occidentales a apropiarse deliberadamente de las vidas y las tierras de otras personas, y que, mediante sus emisiones (que no dejaban de acumularse en la atmósfera), ese mismo carbón (y, posteriormente, el petróleo y el gas) brindó a esas mismas naciones el medio con el que apropiarse inadvertidamente del cielo de sus descendientes también, al engullir la mayor parte de la capacidad de nuestra atmósfera común para absorber carbono dentro de unos niveles mínimamente seguros.
Una fábrica de fertilizantes en Calcuta. / AHMAD MASOOD (REUTERS)
Como consecuencia directa de estos siglos de robos en serie —de tierras, de fuerza de trabajo y de capacidad atmosférica—, los países en vías de desarrollo están hoy atrapados entre los efectos del calentamiento global, que son más graves aún por la persistente pobreza que aquellos padecen, y su necesidad de paliar esa pobreza. Y no hay vía más barata ni fácil para conseguir esto último en el sistema económico actual que consumiendo mucho más carbono, lo que empeora sensiblemente la crisis climática. No pueden romper ese círculo vicioso sin ayuda, y esa ayuda solo puede venir de los países y las grandes empresas que se enriquecieron —en buena medida— como resultado de todas esas apropiaciones ilegítimas.
La diferencia entre esta reclamación de reparaciones y otras anteriores de parecida índole no es que esta esté más justificada, sino que no descansa exclusivamente sobre razones éticas y morales. Los países ricos no solo tienen que ayudar al Sur Global a encaminarse por una senda económica de bajas emisiones porque eso sea lo correcto, sino que necesitamos hacerlo así porque de ello depende nuestra supervivencia colectiva.
Al mismo tiempo, es preciso que consensuemos que el hecho de haber sufrido agravios en el pasado no otorga automáticamente a ningún país el derecho a repetir ese mismo crimen a una escala mayor todavía. Igual que haber padecido una violación no concede a nadie el derecho a violar, ni haber sufrido un atraco el derecho a atracar, el hecho de que alguien se viera privado en su momento de la oportunidad de saturar la atmósfera de polución no lo legitima para saturarla en la actualidad. Sobre todo, porque los contaminadores de hoy en día ya no desconocen las implicaciones catastróficas de esa contaminación como las desconocían los promotores de la primera Revolución Industrial.
Así que debemos encontrar una vía intermedia. Por suerte, un grupo de investigadores del laboratorio de ideas EcoEquity y del Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo han intentado hallar una, y han elaborado un detallado e innovador modelo de cuál podría ser un método rigurosamente equitativo de reducción de emisiones a escala global. Bautizado como el marco de los Derechos de Desarrollo Invernadero, se trata de un intento de reflejar mejor esta nueva realidad en la que la riqueza y las fuentes de contaminación carbónica se desplazan progresivamente hacia el mundo en vías de desarrollo, y de proteger con firmeza al mismo tiempo el derecho al desarrollo sostenible y de reconocer la mayor responsabilidad de Occidente por las emisiones ya acumuladas. Un enfoque así, creen sus autores, es justamente lo que se necesita para romper el círculo vicioso climático, ya que permite abordar "las inmensas desigualdades existentes no solo entre países, sino también en el interior de cada uno de ellos". Los países del norte tendrían así garantías de que los países ricos del Sur Global contribuyen a la parte que les corresponde (ahora y en el futuro) al tiempo que se salvaguarda adecuadamente para los pobres lo que queda de la capacidad atmosférica comunal.
Los países desarrollados, que representan menos del 20% de la población mundial, han emitido casi el 70% de toda la contaminación por gases de efecto invernadero
Teniendo esto en cuenta, la cuota de la carga de la reducción de emisiones carbónicas globales que corresponde equitativamente a cada país viene determinada por dos factores clave: la responsabilidad que esa nación haya tenido en las emisiones que ya se han producido a lo largo de la historia y su capacidad para contribuir al esfuerzo colectivo, basada en el nivel de desarrollo nacional. Por poner un ejemplo, la cuota de la reducción de las emisiones globales que se necesitaría de un país como Estados Unidos para no más allá del fin de la presente década podría estar en torno al 30% (la mayor de todos los Estados). Pero no toda esa reducción tendría que efectuarse dentro del propio país, una parte podría cumplirse financiando y apoyando la transición hacia vías de desarrollo bajas en carbono en el sur. Y según los investigadores que proponen este método, una vez estuviera claramente definida y cuantificada la cuota de la carga global que corresponde a cada nación, ya no habría necesidad alguna de recurrir a mecanismos de mercado (ineficaces y fáciles de adulterar) como el comercio de derechos de emisiones de carbono.
En un momento como el actual, en el que los Estados ricos juegan la carta de la austeridad y recortan drásticamente los servicios sociales para su propia población, puede parecer que pedir a esos Gobiernos que suscriban esa clase de compromisos internacionales es una causa perdida. Si apenas dedicamos ya recursos a la ayuda exterior más tradicional, menos aún los dedicaremos a un nuevo y ambicioso método basado en la justicia global, pensarán muchos. Pero los países del norte tienen ya a su disposición abundantes maneras asequibles de comenzar a saldar sus deudas climáticas sin necesidad de arruinarse en el intento: desde condonar a los países en vías de desarrollo la deuda externa a cambio de una decidida acción climática de su parte, hasta una relajación de las patentes sobre las energías verdes y unas mayores facilidades para la transferencia de los conocimientos técnicos asociados.
Además, el contribuyente corriente no tiene por qué ser quien cubra la mayor parte del coste de esas acciones, pues estas pueden (y deben) ser costeadas por las empresas que mayor responsabilidad han tenido a la hora de llevarnos a esta crisis climática. Para ello, se podría poner en práctica un cóctel de políticas que incluyera cualquiera de las medidas ya comentadas en el apartado Quien contamina paga: desde un impuesto sobre las transacciones financieras hasta la eliminación de las subvenciones a las compañías productoras de combustibles fósiles.
Lo que no podemos esperar es que las personas a quienes menor responsabilidad cabe atribuir por la crisis actual vayan a pagar toda la factura (o siquiera la mayor parte de la misma), porque con eso solo garantizaríamos que terminen yendo a parar a nuestra atmósfera común cantidades catastróficas de carbono. Al igual que el llamamiento a respetar los tratados y otros acuerdos para compartir la tierra con los pueblos indígenas que suscribimos en su momento, el cambio climático nos obliga también a comprobar cómo unas injusticias que muchos creían enterradas para siempre en el pasado están incidiendo en nuestra vulnerabilidad compartida al colapso climático global.
Ahora que muchas de las mayores reservas inaprovechadas de carbono yacen en el subsuelo de territorios controlados por algunos de los pueblos más pobres del planeta, y que las emisiones aumentan más rápidamente en las que, hasta fecha reciente, eran algunas de las zonas más desfavorecidas del mundo, no queda ya ninguna salida creíble hacia delante que no pase por enmendar las verdaderas raíces de la pobreza.
Naomi Klein (Montreal, 1970), autora del bestseller antiglobalización No Logo, publica en España con la editorial Paídos Esto lo cambia todo. El capitalismo contra el clima.

dijous, 26 de març de 2015

El Banco Central de Canadá podría recuperar su capacidad de emitir y entregar dinero al estado sin la banca privada como intermediaria: un revolucionario caso judicial silenciado en los medios

Notícia pulicada a  Tercera Información

Informe Still nº 351, 1 de febrero de 2015: "el 26 de enero de 2015, en Toronto, Canadá, 3 jueces dictaron una sentencia histórica en el caso COMER (Committee on Monetary and Economic Reform) contra el banco de Canadá. Se espera que la sentencia tenga importantes repercusiones sobre los bancos centrales de todo el mundo. Lamentablemente, el gobierno de Canadá ha exigido a los grandes medios de Canadá que no cubran este caso judicial debido a que golpea directo al corazón del sistema de dinero basado en deuda, según el conocido abodago constitucionalista Rocco Galati".Sis


España | César Pérez Navarro - Tercera Información [*] | 25-02-2015 | 

El Bank of Canada, fundado en 1934, es el banco emisor de la moneda nacional, el dólar canadiense, con sede en Ottawa. A diferencia del Sistema de la Reserva Federal -Federal Reserve System (FED)- o Banco Central de los Estados Unidos, es de carácter público desde su nacionalización en 1938 como respuesta a la Gran Depresión tras el crack de la Bolsa de Nueva York de 1929.
El Banco Central de Canadá emite moneda como la Reserva Federal o el Banco Central Europeo (BCE), pero a diferencia de estos, que lo prestan a entidades financieras privadas con un interés del 1% o incluso menor, lo entregaba directamente al estado de Canadá antes de 1974, tanto a gobiernos nacionales, provinciales o locales sin interés para su redistribución, aunque manteniendo una inflación baja y estable. El Banco Central Canadiense evitaba así a la banca privada como intermediario comprador de deuda pública al 5%, al 6% e incluso al 7,3%contra los estados.
En 1974, el gobierno canadiense decidió acabar con la emisión de dinero sin deuda, y comenzó a pedirlo prestado emitiendo bonos tal y como hoy hacen los estados europeos, que son comprados por bancos privados. La deuda pública de Canadá era de 18.000 millones de dólares en 1974, pero en solo tres años (1977) se disparó un 3.000%, hasta 588.000 millones de dólares. En la actualidad, la deuda de Canadá asciende a 734.000 millones, es decir, casi el 33% de su PIB (la deuda pública en España ya se sitúa casi en el 100% del PIB). Eso significa que el estado canadiense debe gastar casi 18.000 millones de su presupuesto nacional en pagar los intereses de esa deuda, y un incremento acelerado de la deuda pública, conlleva -como en otros estados- un riesgo de efecto conocido como bola de nieve: los costes por el pago de la deuda redundan en un endeudamiento todavía mayor.
La parte dedicada al pago de intereses de la deuda pública de España supuso 38.590 millones en 2013 y 36.590 millones de euros en 2014, es decir, una cuarta parte de todo el presupuesto estatal.
La banca privada ha encontrado en los estados un negocio perfecto, pero desde finales de enero de 2015 tiembla mientras los medios de comunicación callan.
"Un caso revolucionario para los canadienses..."
El 26 de enero de 2015, en Toronto, Canadá, 3 jueces dictaron una sentencia histórica en el caso COMER (Committee on Monetary and Economic Reform) contra el banco de Canadá. La última apelación en nombre de la corona para que el caso sea desestimado fue rechazada por tres jueces en la Corte Federal en Toronto. El Gobierno Federal tiene ahora 60 días para apelar la decisión ante la Corte Suprema, y se espera que la sentencia tenga importantes repercusiones sobre los bancos centrales de todo el mundo. Lamentablemente, el gobierno de Canadá ha exigido a los grandes medios de Canadá que no cubran este caso judicial debido a que golpea directo al corazón del sistema de dinero basado en deuda, según el conocido abodago constitucionalista Rocco Galati".
Un artículo publicado el 11 de febrero y escrito por Chris Powell, secretario de GATA bajo el titular En Canadá también, clamor para que los bancos saquen sus negocios del gobierno, cita aOliver Heydorn para desentrañar cómo funciona el sistema de deuda internacional impulsado desde varios organismos y bancos;
"La demanda desafía los sistemas monetarios y bancarios del país argumentando que la ley habilitante del Banco Central canadiense le autoriza a crear y prestar dinero sin intereses a las agencias gubernamentales, pasando por alto el sistema bancario comercial, y que debe empezar a financiar al gobierno de esa forma".
M. Oliver Heydorn (Instituto Douglas Clifford Hugh) expone la filosofía política y económica de crédito Social: "El Banco de pagos internacionales, el foro de estabilidad financiera y el Fondo Monetario Internacional se crearon con la intención consciente de mantener a las naciones más pobres en su lugar, y ahora se ha ampliado a todas las Naciones en las que estas instituciones financieras en gran medida reemplazan con éxito a los gobiernos y el orden constitucional en países como Canadá, sobre el cual ejercen control financiero del estado. Las reuniones de las BIS y Consejo de estabilidad financiera (sucesor del FSF), sus minutos, sus discusiones y sus deliberaciones son secretas y no están disponibles ni responden ante el Parlamento, el poder ejecutivo, ni el público canadiense, a pesar de que las políticas del Banco de Canadá emanan directamente de estas reuniones. Estas organizaciones son entidades extranjeras, esencialmente privadas y controlan el sistema bancario y las políticas socio-económicas de Canadá.

El artículo completo de M. Oliver Heydorn se recoge en la web Global Research el pasado 7 de febrero. En el mismo se explican algunos de los detalles de la demanda y la situación actual del caso;
El caso de "restitución" del Banco de Canadá [**]
Hay un caso legal muy interesante que se está desarrollando en Canadá en este momento. William Krehm, Anne Emmett y COMER (Comité para la reforma económica y monetaria:http://www.comer.org/), presentó una demanda de 12 de diciembre de 2011 en el Tribunal Federal para intentar forzar una restauración del Banco de Canadá a los propósitos de su mandato. En esencia, quieren que el Banco de Canadá tenga la capacidad de ofrecer préstamos sin interés a los gobiernos federales, provinciales y municipales, en las condiciones previstas en la ley del Banco de Canadá.
Este dinero se utilizaría para financiar gasto público cada vez que hay un déficit presupuestario. Al parecer, el gobierno federal ha utilizado para endeudarse sin interés (al menos en cierta medida) el Banco de Canadá hasta 1974. En la actualidad, los gobiernos pedían prestado todo el dinero necesario (aparte de los bonos que pueden vender al público) de los bancos privados con un tipo de interés.
Los canadienses están agobiados económicamente por los cargos de servicio de la deuda resultantes porque el Banco de Canadá no hace uso de sus prerrogativas en interés del público canadiense. El caso está siendo procesado por Rocco Galati, que es ampliamente considerado como abogado constitucional superior de Canadá. La naturaleza de la demanda ha sido explicada en www.pressfortruth.ca en los siguientes términos:
"DOS CANADIENSES Y UN ANALISTA ECONÓMICO CANADIENSE FRENTE A LOS PODERES FINANCIEROS GLOBALES EN EL TRIBUNAL FEDERAL CANADIENSE. LOS CANADIENSES ABOGAN POR LAS DECLARACIONES QUE RESTAURAN EL USO DEL BANCO DE CANADÁ EN BENEFICIO DE LOS CANADIENSES Y RETIRAN EL CONTROL DE LAS ENTIDADES INTERNACIONALES PRIVADAS CUYOS INTERESES Y DIRECTIVAS SE COLOCAN POR ENCIMA DE LOS INTERESES DE LOS CANADIENSES Y LA PRIMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN DE CANADÁ".
El abogado constitucional canadiense, Rocco Galati, en nombre de los canadienses William Krehm y Ann Emmett COMER (Comisión para la reforma económica y monetaria) presentó el 12 de diciembre de 2011 una acción en la Corte Federal, para restaurar el uso del Banco de Canadá a su propósito original, mediante el ejercicio de su deber legal pública y responsabilidad. Ello incluye préstamos libres de interés a los gobiernos federales/provinciales/municipales para los gastos de «capital humano» (educación, salud y otros servicios sociales) y los gastos de infraestructura. La acción también desafía constitucionalmente los falaces métodos contables del gobierno en su presentación del presupuesto, porque no calcula ni revela los verdaderos y totales ingresos de la nación antes de transferir posteriormente "créditos de impuestos" a las corporaciones y otros contribuyentes. Los demandantes afirman que desde 1974 ha sido una diapositiva gradual pero están seguros de que en realidad la política monetaria y financiera el Banco de Canadá y de Canadá son dictadas por los bancos privados extranjeros y los intereses financieros, contrariando a la ley del Banco de Canadá.
Los demandantes del estado sostienen que el Banco de los establecimientos internacionales (BIS), el foro de estabilidad financiera (FEF) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) fueron creados con la intención consciente de mantener a las naciones más pobres en su lugar, y ahora esta estrategia se ha ampliado a todas las Naciones en las que estas instituciones financieras lograron avasallar en gran parte a los gobiernos a través de órdenes constitucionales en países como Canadá, sobre los cuales ejercen control financiero. Las reuniones de las BIS y Consejo de estabilidad financiera (sucesor del FSF), sus minutos, sus discusiones y sus deliberaciones son secretas y no están disponibles ni responden ante el Parlamento, el poder ejecutivo, ni el público canadiense, a pesar de que las políticas del Banco de Canadá emanan directamente de estas reuniones. Estas organizaciones son entidades extranjeras, esencialmente privadas y controlan el sistema bancario y las políticas socio-económicas de Canadá.
Los demandantes afirman que los acusados (funcionarios) tienen involuntariamente y/o deliberadamente, en diverso grado, conocimiento e intención comprometidos en unaconspiración, junto con el FMI, BIS, FSB, para rendir la ley del Banco de Canadá así como la soberanía canadiense sobre la política socio-económica, monetaria y financiera, además de eludir el estado soberano de Canadá a través de su Parlamento por medio de los sistemas bancarios y financieros. "http://pressfortruth.ca/top-stories...
En el 26 de enero de 2015, la última apelación en nombre de la corona para que el caso sea desestimado fue rechazada por tres jueces en la Corte Federal en Toronto. El Gobierno Federal tiene ahora 60 días para apelar la decisión ante la Corte Suprema. CF.http://pressfortruth.ca/top-stories.... Curiosamente, tanto el caso sí mismo y como los acontecimientos que han ocurrido no están siendo cubiertos en absoluto por los medios de comunicación. Mientras que otros casos llevados por el Sr. Galati han recibido cobertura regularmente en todo el país, este caso en particular, que él cree que es probablemente el caso más importante hasta la fecha, ha sido ignorado hasta ahora. Cuestionado acerca de esto, el Sr. Galati dijo que tiene una base firme para creer que el gobierno canadiense ha solicitado u ordenó que los grandes medios no cubran el caso (él no podía divulgar sus fuentes), y que, en su opinión, el gobierno controla los medios de comunicación hasta cierto punto y en ciertas cuestiones limitadas. También agregó que no cree que en Canadá estemos viviendo en una democracia. De hecho, ya afirmó en 1999 que hemos entrado en una "dictadura silenciosa".
En lo que respecta a sus méritos, el Sr. Galati dijo que el caso tiene sólidos argumentos legales y constitucionales y sus clientes deberían ganar. Si de veras ganarán o no es otra cuestión. Como el Sr. Galati ha reconocido: "no todos los casos meritorios en la victoria de nuestro sistema judicial". Desde una perspectiva Social del crédito, el ahorro de grandes sumas de dinero para los contribuyentes o la prevención de un aumento en la deuda pública del país mediante la emisión de dinero sin intereses desde el Banco de Canadá, es sin duda una buena cosa [1], sin embargo, una reforma del sistema no aborda el problema fundamental con el orden financiero y económico actual: la ausencia crónica de poder adquisitivo del consumidor. El hueco macroeconómico entre precios e ingresos, que es causado principalmente por cómo el verdadero capital (máquinas y equipo) es financiado y cómo sus gastos son explicados según convenciones existentes, es LA cuestión fundamental. Por lo general, el sistema presente trata de llenar el hueco del dinero de deudas adicional del sistema bancario privado en la forma de público, corporativo, y deudas del consumidor. En lugar de estos paliativos, un sistema del Crédito Social llenaría el hueco del dinero ’sin deudas’ y lo distribuiría a los consumidores, directamente a través de un Dividendo Nacional, e indirectamente a través de un Descuento Nacional en precios al detalle. Es crítico que el individuo, el consumidor común, sea el beneficiario principal de cualquier reforma monetaria y tenga el control total sobre la política de crédito dentro del contexto de un sistema financiero que funciona correctamente. En relación a este pleito particular y como una aclaración adicional del punto, también habría que mencionar que conceder al gobierno el derecho de llenar el hueco según sus objetivos de la política (es decir, empleando a la gente para trabajar en la producción pública), o, más ampliamente, conceder al estado el único derecho de controlar la oferta completa de dinero, es del todo incompatible con la filosofía política y social subyacente del Crédito Social. Las instituciones existen para servir a los intereses de los individuos, no al revés. Es decir, son los consumidores los que deben controlar la política financiera, no el gobierno, el estado o los bancos privados. No hay ninguna razón para "restaurar el derecho a crear y emitir dinero al estado" si el estado, va a controlar a continuación los efectos con los cuales el productor y el crédito al consumo deben ser emitidos. Esta es la gran trampa de los reformadores monetarios, quienes preocupados, con razón, por la hegemonía de la banca privada, son felices en la ignorancia. Si -Dios no lo quiera- los reformadores se salen con la suya, y el estado obtiene el control monopólico sobre la oferta de dinero, creo que van a encontrar con horror que las mismas personas que cobran un gran control sobre el sector privado y un sistema monetario parcialmente descentralizado será en completo control del estado.
El monopolio es el nombre del juego; no vamos a ser ‘idiotas útiles’. [...]"
El epílogo del articulo continúa aquí: http://www.globalresearch.ca/the-ca...
Desde Tercera Información no hemos encontrado noticia o artículo de opinión alguno sobre este asunto, y en inglés son escasísimas las referencias al caso del Committee on Monetary and Economic Reform contra el Banco de Canadá, a pesar de que es conducido por el reputado abogado especializado en leyes constitucionales Rocco Galati. De acabar en buen puerto, hablamos de un antecedente que colocaría en jaque la estrategia de control de la banca y otras instituciones financieras a través de la deuda y contra la soberanía popular desde los estados.
[*] Twitter del autor: @diseccionandoel
[**] Traducción: Tercera Información.